18 de octubre de 2014 – Leonardo Grosso, diputado nacional del FpV- Movimiento Evita e impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, fue entrevistado en “Despacito y por las Piedras” el día posterior de oficializada la noticia sobre el descubrimiento del cadáver de Luciano Arruga, tras seis años de desaparecido y enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. “La violencia institucional la ejerce no solo la policía que mata, también la practican el poder judicial y el poder político que miran para otro lado”, explicó. Para este miércoles 22 de octubre se prepara la Marcha Nacional de la Gorra en pedido de Justicia para todos los pibes víctimas del poder estatal y en reivindicación de los derechos de los más pobres.
Aun conmocionado por la noticia, el referente de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y legislador nacional, evocó en su primera reflexión a Vanesa Orieta, la hermana de Luciano: “los pobres también tenemos derechos y las mismas garantías que los pibes de clase media”. La desidia estatal y la falta de respeto a la vida de los chicos que habitan en territorios marginados por parte de policías, jueces, funcionarios, medios de comunicación y gran parte de la sociedad, quedó evidenciada tras el modo en que apareció el cuerpo de Luciano, enviado a una morgue como NN el mismo día en que su madre, Mónica Alegre, salió a golpear puertas reclamando su aparición.
Aquel 31 de enero de 2009, cuando Luciano no regresó a casa, Mónica comenzó la búsqueda. Se dirigió en un primer momento al Hospital Santojanni dónde obtuvo como respuesta que solo había ingresado un joven atropellado y que buscara en otro lado. Ese joven era su hijo, de 16 años, quien desde hacía meses sufría persecución policial por parte de los efectivos del destacamento de Lomas del Mirador, barrio donde vivía junto a su familia.
Mónica y Vanesa hicieron públicas sus sospechas de que la policía bonaerense estaba vinculada con la desaparición del niño. En septiembre de 2008 había sido detenido y torturado en esa comisaría por negarse a robar para un grupo mafioso liderado por efectivos de la delegación. A partir de ese momento la persecución contra Luciano no cesó.
“Desde la policía que lo torturó hasta la Justicia que no investigó, todos son responsables”, señaló Grosso, en referencia a que los funcionarios judiciales solo debían hacer cruce de datos de las huellas dactilares del adolescente y los NN que fueron enterrados en diferentes cementerios dentro de ese marco temporal. Un recurso judicial que se aplicó luego de seis años de búsqueda, de dolor familiar y de infinitas incógnitas.
En ese sentido, el diputado consideró “gravísima” e “injusta” a la negligencia judicial porque además de encubrir el crimen promovió la esperanza en Mónica de encontrar a su hijo con vida durante años.
También fue consultado por el accionar de los profesionales de la salud y administrativos del Santojanni que omitieron y tergiversaron información clave: “es síntoma de la falta de profesionalidad de las instituciones, hasta el hospital público está involucrado”, lamentó.
Nueva etapa: Justicia
“La única incógnita que se resolvió fue la del hallazgo del cuerpo de Luciano, pero la cadena de responsabilidades debe investigarse con toda la rigurosidad”, señaló Grosso.
“¿Qué pasó con Luciano en el destacamento de La Matanza, el último sitio donde se lo vio con vida aquella noche del 31 de enero? ¿Por qué corría de noche por plena General Paz? ¿Por qué iba descalzo? ¿Por qué no hubo cruces de datos? ¿Por qué la justicia bonaerense tardó tanto en moverse? ¿Por qué recién hace un año se federalizó la causa? ¿Por qué recién en 2014 se le dio visto buena a un habeas corpus emitido por la familia?”, a todos estos interrogantes debe responder la Justicia dijo el referente. Explicó que se trata de una verdad que se adeuda no solo a la familia de Arruga, sino a toda la sociedad.
La policía dispara, la justicia también
Luciano es un ejemplo de lo que sucede con miles de chicos de barrios pobres de Argentina en función de la relación que tienen con las fuerzas de seguridad marcada por el hostigamiento y los abusos de derechos permanentes. Y que luego de cometidos los crímenes policiales continua en el poder judicial, que archiva causas, omite investigaciones, silencia y mira para otro lado, explicó en su comunicación con Radio Nacional Mendoza.
También se refirió a la complicidad mediática y social que “busca criminalizar a las víctimas para exculparse de las responsabilidades que le caben a cada uno”. En este sentido explicó que las condenas justas en casos de gatillo fácil tienen que ver con una política de “justicia y reparación” por la que aboga.
“Tenemos que intervenir todos, no es justa una sociedad donde una parte vive y se reproduce, y otra es la castigada. Estas son las deudas de la década ganada”, afirmó y señaló que con “solidaridad, seriedad y compromiso popular” pueden ser saldadas.
Trasfondo: reclutamiento para que los hicos roben
La historia de Luciano Arruga presenta como trasfondo a la mafia policial que recluta a jóvenes de las villas aledañas a barriosde clase media para que cometan robos para ellos. La negación de Luciano a participar de ese entramado fue lo que lo llevó a la muerte.
Grosso explicó que esta realidad no es solo aplicable a la provincia de Buenos Aires, sino que se ha extendido a todos los puntos del país. Es por ello que desde la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional se milita una reforma policial real con jefes civiles, control ciudadano participación comunitaria, y por democratización de las fuerzas de seguridad y la eliminación del monopolio del control territorial de la policía.
“Estos pibes son víctimas de redes de trata porque son obligados y extorsionados por la policía para robar para ellos”, expresó.
Finalmente, el diputado remarcó la necesidad de que se aplique una política profunda de “reparación histórica” para los chicos que no trabajan ni estudian: “para aquellos que quedaron a la vera del camino marginados por este pueblo. Hemos recuperado mucho en estos años, pero no alcanza”, concluyó.
La Campaña Nacional Contra la Campaña Institucional convoca a toda la sociedad a movilizarse el próximo 22 de octubre a las 10 hs desde la Central de la Policía Federal (Belgrano y Cevallos, CABA) hasta la Central de la Policía Bonaerense (2 y 53, La Plata) bajo la consigna: “SER POBRE NO ES DELITO. NI UN PIBE MENOS NUNCA MÁS”.