VIOLENCIA INSTITUCIONAL SIN FRENO : la Policía de Mendoza involucrada en la muerte de otro chico en el sur

VIOLENCIA INSTITUCIONAL SIN FRENO : la Policía de Mendoza involucrada en la muerte de otro chico en el sur

gabriel franco 18 de octubre 201418 de octubre de 2014 – Gabriel Franco, de 16 años, fue hallado sin vida el 25 de agosto en inmediaciones de la casa de su padre en General Alvear. El día anterior su madre, Marisa Santana, lo había retirado del hospital luego de una tremenda golpiza que le infligió un grupo de policías de la comisaría 14 de ese departamento. Estos hechos fueron invisibilizados y se montó un escenario de suicidio para deslindar responsabilidades y entorpecer a la Justicia. “Los comisarios Marcelo Calipo y Daniel Mendoza -respectivamente jefes de la Departamental y la Seccional- se ocuparon de hacerle la vida a cuadros a mi hijo”, denunció la mujer en una entrevista. También salieron a la luz el hostigamiento sistemático contra los menores y el amedrentamiento contra sus madres.

“Hace tres años que la policía empezó a perseguir a mi hijo porque era morocho y se vestía con zapatillas Adidas y usaba visera” explicó a Despacito y por las piedras Marisa Santana, madre de Gabriel Franco, un chico de 16 años que fue encontrado muerto en General Alvear el 25 de agosto en inmediaciones de la zona de calles Prolongación y Circunvalación. Gabriel vivía en el barrio “El Matadero” con su mamá y sus tres hermanos, el mayor de ellos de apenas 18 años de edad. El hecho ocurrió luego de una detención arbitraria sufrida por Gabriel el día anterior, con una tremenda golpiza que le provocó ser internado hospitalariamente. En ambos delitos están implicados policías que actúan en la comisaría 14 -dependencia con graves antecedentes de violencia y abuso policial contra los menores pobres de la zona, inclusive la ejecución extra sumarial de Andrés Sosa por parte del oficial Pablo Colilaff- bajo mando del comisario Daniel Mendoza, otrora sospechado de haber intervenido hace 17 años en el asesinato de Sebastián Bordón.

Este nuevo crimen es investigado por el Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo del juez Néstor Murcia. Además de conferir mayores pruebas de la violencia institucional que impunemente se reproduce en el sur provincial, da cuenta del etiquetamiento, la selectividad y discriminación sistemáticas contra los pibes por parte de la Policía de Mendoza. El hostigamiento se agrava por la persecución posterior que los mismos oficiales realizan contra las madres que denuncian los hechos que las tienen como víctimas a ellas y sus hijos. La complicidad de la Justicia favorece este estado crítico, tanto como la ausencia de respuestas por parte del Gobierno de la Provincia.

Así, Marisa Santana se explayó sobre los antecedentes de la persecución que derivó en el probable homicidio de su hijo: “Lo levantaban en la calle y jamás se lo llevaban a las comisarías, tenía que salir a recogerlo en fincas y lugares alejados de mi casa adonde lo dejaban tirado. Yo le decía que hiciéramos la denuncia y él tenía mucho miedo, le partían la cabeza, lo llenaban de balas de goma. El comisario Mendoza lo trasladaba a San Rafael por averiguación de antecedentes -hecho de por sí ilegal, dado que la comisaría 14 tiene jurisdicción solamente sobre los departamentos de General Alvear y Malargue- sin avisarme nada y Gabriel siempre terminaba golpeado mal”.

Por estas situaciones la madre comenzó a radicar denuncias desde enero ante el juez González, quien le aseguraba que nada iba a pasarle porque “por encima de mí no puede pasar nadie”. Sin embargo, Gabriel vivía con miedo, “no podía ir ni a la escuela ni al taller”. El menor, con problemas de adicción, explicaba a su madre que “me drogue o no me drogue la policía me pega igual”. El mismo juez fue testigo presencial de algunas de las consecuencias que el chico mostraba luego de las detenciones, como las marcas de golpes recibidos y que “vomitaba sangre”.

La patota de la comisaría 14

gabriel franco 2 18 de cotubre 2014El 24 de agosto Gabriel fue a una fiesta con otros adolescentes. Le aseguró a la mamá que volvería a las dos de la mañana. Ella quedó intranquila, habituada a las detenciones arbitrarias y maltratos recurrentes con que los policías se ensañaban con su hijo. Marisa precisó que el chico no volvía, ella permaneció sin dormir y a las 5.50 horas la llamaron del Hospital para avisarle que estaba internado. Allí lo encontró “con la cabeza deformada por los golpes, con un abollón en la frente, un ojo moreteado, el botín de un policía marcado en su cara y el cuello todo rojo”. Ella pensó que lo había agarrado una patota, y en parte se serenó al escuchar por una enfermera que a Gabriel lo había dejado ahí la policía.

Sin embargo, cuando el chico “volvió en sí” totalmente adolorido, le pidió que se fueran porque la policía les iba a pegar de nuevo. La madre inquirió entonces a la enfermera mayores datos sobre quiénes lo habían trasladado al nosocomio. “No podemos hablar”, fue lo que obtuvo como respuesta, “pregúntele al camillero que fue el que lo sacó de adentro de la comisaría”. Dicho empleado se había retirado por terminar su turno, pero a Marisa se le hizo patente que sí había existido una agresión por parte de una patota y que los ejecutores eran policías.

Una vez en su hogar, Gabriel completó la terrible escena. Fue detenido junto con un amigo y una amiga. En la comisaría 14 había otras personas que fueron testigos de lo sucedido. Al chico lo llevaron a un sector donde decidieron que “con este negro nos vamos a divertir por lo claro, porque la noche está muy aburrida”. Entonces “apagaron las cámaras” y lo redujeron esposado contra el piso para dar inicio a la paliza. Además de los comisarios Calipo y Mendoza, las víctimas señalan a otros cuatro efectivos, conocidos por los menores por sus sobrenombres. “El comisario no hacía nada”, refirió Gabriel a su madre, en tanto que “El Caracortada” y “El Pailón” lo ahorcaban y le golpeaban en la cabeza con una Itaka. Las secuelas de la tortura se extendieron hasta su cola y su cadera, “toda moretoneada”, con el agravante de la amenaza de que iba a “aparecer tirado en un baldío” y que lo iban “a cagar matando”.

El domingo 25 de agosto por la tarde el chico se fue a visitar a un amigo y prometió a Marisa que volvería temprano a casa de su padre, a media cuadra de ese domicilio. Nunca llegó a la vivienda paterna. Hay testigos que indican que fueron los policías quienes levantaron a Gabriel esa noche. Incluso vieron a uno de ellos, “Tóxico”, correteándolo por las vías a la una de la mañana. La madre precisó que su hijo desapareció entre las 3.30 y las 4 de la madrugada. Los policías andaban por el barrio sin luces y con las balizas apagadas, los perros ladraban.

A primeras horas de la mañana un grupo de vecinos encontró a Gabriel en el suelo con un pañuelo ajustado a su cuello, a dos metros de un pequeño árbol. No estaba colgado como señala la versión policial. Los detalles narrados por Marisa son elocuentes: las débiles ramas del pimiento no tenían ningún indicio de haber soportado el cuerpo de Gabriel, además el roce con esa planta genera un olor que se impregna fácilmente, algo que ni el cuerpo ni las vestimentas de su hijo tenían. Sí recuerda impresionada el olor a alcohol blanco que tenía en sus manos y rostro, usado tal vez para borrar otras huellas. La madre sabe, intuye, prueba. “Mi hijo no se mató” dijo, “él amaba la vida”.

Contra las madres y sus hijos

gabrielfranco 18 de octubre 2014La situación de impunidad que sufren las familias marginadas y perseguidas se agrava por la amenaza constante y el terror que le añaden los policías a las madres que denuncias los atropellos. Por caso, la vulnerabilidad en que se encuentran Marisa y el resto de sus hijos es elocuente: El niño de 13 años, volcado al estudio, tiene miedo de ir a la escuela porque las patrullas policiales lo amenazan. Martín, de 18 años, “no puede salir a trabajar, tiene que andar corriendo como si fuera un asesino o un terrorista”. Como alternativa el juez le sugirió a la madre que el chico “viva encerrado en casa las 24 horas”. José, cuñado de la mujer, fue agredido por policías con una decena de perdigones de goma el 10 de octubre, luego de acompañar a la familia en sus reclamos.

Esta clase de amenazas son cotidianas en el sur provincial. Particularmente en General Alvear los agentes policiales ingresan a los barrios, aprietan a los testigos y amenazan a las madres con matar a sus otros hijos. Incluso les gatillan en falso, a réplica de prácticas nunca desterradas que tienen su origen en la dictadura cívico militar, con simulacros de fusilamientos, violencia física y psicológica. Miriam Medina, madre del dolor, lo señaló abiertamente en el Nihuil durante el homenaje que se hizo el 12 de octubre en memoria de su hijo Sebastián Bordón, en relación a los familiares y vecinos de Andrés Sosa, asesinado el 18 de agosto de 2.013 por un policía de la comisaría 14. Hace unas semanas Daniel Sosa, hermano de la víctima, fue detenido una decena de veces en el transcurso de un día.

Aquel asesinato derivó en enero de este año en la supuesta remoción del personal de la comisaría 14. Sin embargo el homicida Colilaff continúa en libertad. El comisario Calipo fue premiado por las autoridades con la jefatura de la Policía departamental, en tanto que su lugar fue ocupado por Daniel Mendoza, que ya había actuado en 2003 y 2004 como oficial instructor en esa dependencia. Así, la trama de impunidad y de sistemática violencia institucional se asegura en la perpetuidad de un círculo vicioso. En tanto, el poder político solo calla.

Para el próximo sábado Marisa Santana y sus familiares convocan a una marcha por justicia para Gabriel Franco a dos meses de su muerte. Será a partir de las 11 horas desde el sitio donde loencontraron sin vida, próximo a las vías del tren.

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