CONTRA LA COMPLICIDAD CIVIL: Juicios a exmagistrados de la dictadura: en Córdoba también se consigue

CONTRA LA COMPLICIDAD CIVIL: Juicios a exmagistrados de la dictadura: en Córdoba también se consigue

31 de mayo de 2015 – Luego de casi diez años de dilación, fueron confirmados en la semana los procesamientos de cinco exfuncionarios de la Justicia Federal de Córdoba por su participación necesaria en los fusilamientos contra 31 personas en la UP 1 durante la última dictadura. En “Tan Gente” entrevistamos al periodista Alexis Oliva, quien consideró la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones como “lógica y justa” pero “sorprendente porque rompe el pacto corporativo de la justicia en la provincia”, y “una puesta a punto para que la Causa de los magistrados sea elevada a juicio”. También es un hecho trascendental a nivel nacional, en un contexto en el que es inminente la condena en Tucumán al exjuez Manlio Martínez y avanza en Mendoza el juicio contra cuatro exmagistrados.

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“Para la sagrada familia judicial esto es una bomba” explicó a “Tan Gente” el periodista Alexis Oliva, que trabaja sobre crímenes de lesa humanidad en distintos medios de Córdoba y otros de alcance nacional. La afirmación tiene que ver con la definitiva confirmación que el 27 de mayo la Cámara Federal de Apelaciones hizo de los procesamientos y revocaciones de absoluciones de cinco ex funcionarios -podría sumarse un sexto- de la Justicia Federa por su participación necesaria en los fusilamientos de 31 presos políticos en la Unidad Penal 1 del barrio San Martín de Córdoba, entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976. La sorpresa de fiscales y querellantes ante esta decisión es consecuencia de los años en que la “Causa de los magistrados” se vio entorpecida por la complicidad aún reinante en el fuero judicial cordobés.

La historia arranca en 2007, cuando se abrió una denuncia por la complicidad de exfuncionarios en los fusilamientos de la UP 1 contra militantes encarcelados antes del golpe de Estado y que estaban a disposición de la Justicia y del Poder Ejecutivo. Por estos hechos fueron condenados en 2010 autores materiales e intelectuales como Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Ahí es cuando se produjo “la primera dilación”. Oliva explicó que “la causa podría haber sido parte, pero hubo una decisión previa de la Junta Fiscal de Instrucción de tramitarla por separado”. Después sobrevino una decena de apartamientos de jueces y fiscales de primera instancia por sus vinculaciones con los imputados y la causa “pasó de mano en mano” hasta llegar al juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, quien junto al fiscal Facundo Trotta, encausó la investigación.

Sin embargo la causa debió sortear más trabas: ya en 2011 se estableció que se trataba de “hechos conexos con crímenes de lesa humanidad” y la anterior composición de la Cámara Federal de Apelaciones revocó los pedidos de sobreseimientos realizados por la Defensa. Herrera Piedrabuena ordenó procesamientos y en otros casos dictó faltas de méritos, punto apelado por la Fiscalía al tiempo que los abogados defensores apelaron los procesamientos de otros tres imputados. Con el reciente fallo la causa sí quedó encaminada y se espera un trámite “de dos a tres meses” para que sea elevada a juicio.

 

Alexis Oliva sobre el juzgamiento de los exmagistrados en Córdoba. Informe de Sebastián Moro para “Tan Gente”.

Más responsables y un muy fuerte argumento

Oliva explicó que la gravedad de la complicidad y participación de los imputados tiene que ver con que los asesinatos se hicieron “en ocho tandas”, demostrando así que los funcionarios podrían haberse visto “sorprendidos” la primera vez, pero no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta… Los procesados por torturas y asesinatos además de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento son: Miguel Ángel Puga, extitular del Juzgado Federal 2; Carlos Otero Álvarez, que fue secretario penal del Juzgado Federal 1, por entonces a cargo del fallecido y “el más emblemáticos de los funcionarios en torno a la complicidad”, Adolfo Zamboni Ledesma; los exdefensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina; y Antonio Cornejo, que fungía de fiscal. Alí, otro exfiscal, fue desafectado por supuesta incapacidad.

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Una de las mayores paradojas del círculo de impunidad es que la causa no puede ser incorporada a la megacausa que se desarrolla en Córdoba por los crímenes del campo de concentración “La Perla”, porque algunos miembros del Tribunal podrían ser recusados o apartarse voluntariamente por adelantar opinión a favor de los imputados, tal es el caso del presidente, que ya hizo una defensa de Otero Álvarez. De todas maneras, “la Cámara recomendó a la Fiscalía que convoque a testigos de la megacausa por esas imputaciones y también en relación a otro camarista federal en actividad, Luis Rueda”. Es decir, “le están diciendo a Fiscalía que investigue al juez Rueda que hasta hace poco era el presidente de esa Cámara y la máxima autoridad judicial de la provincia”.

El fallo también pide que se amplíen los análisis de la legalidad de los actos en que intervinieron la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Follonier, “quienes en su momento recibieron la denuncia y decidieron investigarla por separado”. Esto ha sido considerado por los querellantes como “el primer gesto de la solidaridad corporativa”.

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