3 de noviembre de 2014 – El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis entra en su etapa final luego de los alegatos y acusaciones formuladas por los representantes de la APDH. El abogado Ignacio Perotti -de la Unidad Fiscal de Mendoza que colabora con estos juicios en Cuyo- brindó a “Despacito y por las piedras” un amplio detalle de los hechos que se juzgan, el papel de los principales acusados y el pedido de penas que hizo la querella, con 28 condenas mayores a 20 años sobre 29 imputados. Aparece como clave la articulación represiva, con grupos de tareas actuando en secuestros y traslados de personas entre las dos provincias.
El 5 de noviembre se cumple un año del inicio del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis, después del realizado en 2.009. Contempla un total de 29 acusados por hechos ocurridos en la ciudad capital, Villa Mercedes, Luján y La Toma, contra 47 víctimas. Reúne -según el abogado Ignacio Perotti de la Oficina Fiscal de Asistencia para causas de delitos de lesa humanidad de Mendoza- por su escala y magnitud, características de megacausa. Se juzgan las desapariciones forzadas de Domingo Chacón, Adolfo Pérez, Pedro Ledesma, Sandro Santana Alcaráz, Nolasco Leyes y Roberto García; y los homicidios de Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Dante Bodo y Sebastián Cobos. También se busca determinar responsabilidades respecto a una cuarentena de privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y torturas, encubrimiento, asociación ilícita y una violación agravada.
En San Luis las audiencias se realizan los jueves y viernes, por eso el juez Héctor Fabián Cortés -interviniente en el megajuicio de Mendoza- puede integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis junto a los magistrados José María Pérez Villalobo, Marcelo Roberto Álvero y Oscar Alberto Hergott. La jornada del 30 de octubre estuvo marcada por la acusación que hizo la querellante Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a través de los abogados Norberto Foresti -sobreviviente del terrorismo de Estado detenido entre 1.975 y 1.979- y Carlos Pereyra Malatini. Hubo 13 pedidos de prisión perpetua y 15 que oscilaron entre 20 y 25 años de pena. El restante fue de 9 años para el médico Andrés García Calderón, “técnicamente un civil” según Perotti, ya que era un militar retirado que fue nombrado por la dictadura como director del Policlínico Regional e “intervino en el encubrimiento de los enterramientos clandestinos de Fiochetti y Alcaráz, previo paso por la morgue del hospital”.
La audiencia siguiente contó con la participación para el Ministerio Público del fiscal Dante Vega, especializado en el juzgamiento de la represión en Cuyo a partir de su experiencia en los cuatro juicios de Mendoza. Vega brindó conceptos, normativas y directivas secretas sobre las que se asentó el terrorismo de Estado en el país, para luego concentrarse sobre la articulación represiva en San Luis y San Juan alrededor del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza. Para las próximas jornadas se espera que completen los alegatos Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid -fiscales de San Luis- y así efectuar el pedido de penas e ingresar a la etapa final del proceso.
San Luis y Mendoza: represión ayer, justicia hoy
El joven abogado refirió varios ejemplos para dar cuenta de lo que fue el entrecruzamiento de inteligencia, operatividad y personal entre San Luis y Mendoza para asegurar que no quedaran resquicios a la represión ejercida en Cuyo a partir del golpe de Estado. La región quedó bajo mando del Ejército, en lo que se conoce como Comando Subzona 3.3 que, entre sus acciones además de articular las fuerzas militares y policiales y establecer los centros clandestinos de detención, abarcó secuestros, traslados y desapariciones de personas entre las provincias.
“La coordinación y dependencia de San Luis respecto a la VIII Brigada de Infantería de Mendoza no era solamente una cuestión teórica, sino que trajo implicancias prácticas”, explicó Perotti a la luz del conocimiento que se ha ido ampliando gracias al juicio. Así, mencionó a Emilio Luque Bracchi, oriundo de Mendoza, que compartió pensión en San Luis con Santana Alcaráz. Luque Bracchi fue secuestrado en su regreso a nuestra provincia, interrogado en campo Las Lajas por personal de la Fuerza Aérea proveniente de la vecina provincia, y nuevamente trasladado a San Luis y de allí a otras prisiones.
También era habitual el traslado de personas detenidas en San Luis para ser juzgadas y condenadas por los Consejos de Guerra en Mendoza, con posteriores traslados a centros clandestinos como la U9 de La Plata, Devoto, Sierra Chica o Rawson. Así fueron los casos de Carlos Montoya y de Juan Cruz Sarmiento, pero también los de toda la familia Garraza -madre, padre y dos hijas-, trasladados hasta la Penitenciaría de Mendoza previo paso y aplicación de torturas en la Central de Policía de San Luis. El grupo familiar fue condenado por un Consejo de Guerra.
Otros hechos que conectan el accionar de los grupos de tareas entre las provincias son los secuestros y desapariciones que sufrieron en Mendoza a mediados de junio de 1.976 Rosario Aníbal Torres y Domingo Britos, ambos militantes montoneros provenientes de San Luis y víctimas de lo que fue el operativo contra el grupo de Paco Urondo. Perotti definió como enriquecedor para la reconstrucción el cruce de historias que surge de los testimonios, y que comience a darse inclusive en paralelo al desarrollo de los juicios en curso.
El abogado Ignacio Perotti, entrevistado en “Despacito y por las piedras”, 1 de noviembre de 2014.
Los imputados y la acusación de la APDH
Los acusados son diez ex militares del Ejército y uno de la Fuerza Aérea, doce ex policías provinciales y cinco federales y el ya citado médico García Calderón. El ex coronel y jefe del Comando de Artillería 141, Miguel Ángel Fernández Gez; el “sanguinario” ex capitán Carlos Esteban Plá, entonces a cargo de la Policía Provincial; y los ex policías Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco cumplen condenas a prisión perpetua por el juicio anterior. El pasado jueves los abogados querellantes solicitaron que se les unificaran con las que nuevamente pidieron para ellos. Fernández Gez, que fue sentenciado entre otros hechos por la desaparición de Santana Alcaráz y el homicidio de Graciela Fiochetti, “actualmente abarca casi todos los hechos juzgados”.
Las otras 9 perpetuas pedidas por Foresti y Pereyra Malatini fueron para el ex teniente Carlos María Alemán Urquiza y el ex subteniente Armando Nicolás Martínez, ambos integrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 (GADA); Raúl Benjamín López y Carlos Alberto Ozarán del Comando de Artillería 141; Higinio Rafael Robles, ex teniente de la 5ta Brigada Aérea; el ex policía federal Benjamín Jofré; el ex jefe de policía departamental en Villa Mercedes, Nelson Humberto Godoy; el ex policía Roque Rubén Rodríguez; y el ex agente de Inteligencia de la Policía Provincial, Juan Amador Garro.
Para Horacio Ángel Dana, ex teniente del GADA; Celso Juan Borzalino, ex policía federal; Luis Mario Calderón, ex policía provincial; y el médico policial Vicente Ernesto Moreno fueron solicitados 25 años de prisión; en tanto que para el ex capitán del GADA e integrante de la Plana Mayor, Ricardo Alfredo Rossi, pidieron 22 años.
Por último, los querellantes pidieron 20 años de prisión para los ex tenientes Marcelo Eduardo González Moure y Jorge Alberto Moreira, respectivamente del Comando de Artillería y del GADA; los ex policías federales Hugo Ricardo Cremonte, Santos Tomás Palma y Oscar Guillermo Rosello; los ex policías provinciales Pedro Armando Gil Puebla, Enrique Manuel Ortuvia y Rafael Enrique Leyes; y los ex agentes de Inteligencia de la Policía Provincial, Omar Lucero y Jorge Félix Natel.