23 de febrero de 2015 – El historiador Bruno Napoli fue entrevistado en “Despacito y por las piedras” por la reciente publicación de “La dictadura del capital financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil”, que desarrolla las investigaciones preliminares de la Comisión Nacional de Valores respecto a los delitos económicos perpetrados por la última dictadura. Desde Alemania el autor explicó el enfoque interdisciplinario de la obra -junto a Celeste Perosino y Walter Bosisio- y la implicancia de los hechos analizados en la vida democrática actual. Secuestros de empresarios, desapoderamientos y desfalcos de sus bienes, así como la implementación de las leyes económicas que vaciaron el capital nacional son develados en esta fundamental investigación que plasma la estrecha participación de funcionarios civiles con los grupos de tareas.
“Todas las leyes de la dictadura que regulan al capital financiero siguen vigentes y siguen apretando a la democracia y limitándola en su gestión. Son pocos grupos pero muy poderosos y hay un linaje de nombres que siguen repitiéndose. Actuaron en los 70 con la dictadura, se recompusieron en los 80, volvieron a tomar al Estado en los 90 con Menem y hoy siguen actuando”, destacó Napoli a partir del conocimiento que abreva en los informes y análisis que, desde 2011, realiza la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores por impulso de Alejandro Vanoli en torno a la represión financiera y el terrorismo de Estado.
El libro editado por Peña Lillo-Continente es un trabajo sobre el primer archivo del sistema financiero que se abrió en Argentina. Para el historiador “esto es muy importante e inaudito porque el Estado abre sus archivos y decide investigarse a sí mismo. La CNV, que es un ente que tiene que regular el mercado de capitales en Argentina tiene un archivo muy rico. Y la decisión política de abrirlo nos permitió a los investigadores establecer nexos entre funcionarios civiles de la dictadura con delitos económicos pegados a delitos de lesa humanidad. Así, pudimos descubrir la colaboración directa del directorio de la CNV en, por ejemplo, interrogatorios en el centro clandestino de Campo de Mayo; el secuestro masivo de una treintena de banqueros, financistas y empresarios que no eran enemigos políticos de la dictadura sino que estaban denunciados por algún delito económico y la dictadura aprovechaba para interrogarlos y desapoderarlos de sus bienes. Es decir, el móvil era meramente económico y delictivo”.
“Subversión económica” y la técnica al servicio de la represión
La llamada “Ley de subversión económica” es del gobierno democrático de 1.974 y produjo la temprana persecución de determinados sectores de concentración económica y financiera, especuladores en algunos casos y opuestos a los sucesivos gobiernos en otros. Sin embargo, como sucedió en el plano político, a partir del golpe Estado, se transformó en un elemento clave para la represión, la extorsión y el saqueo. Napoli explicó que “lo que hace la dictadura de la desaparición de personas cuando asume en 1.976 es duplicar las penas, es decir, profundizar el alcance punitivo como excusa para detener a empresarios, banqueros y financistas. Esto implicó -como en el caso del grupo Greco en Mendoza- denunciar a determinados grupos económicos para beneficiar a otros. Porque el que era denunciado perdía mucho, y el que no, tenía el juego libre para actuar ya que le sacaban la competencia”.
A partir de allí talla el rol que tuvo José Martínez de Hoz y los funcionarios de su equipo técnico: “La dictadura hizo un trabajo salvaje respecto a sus enemigos políticos pero no tenía un plan económico. Ahí aparece Martínez de Hoz -siendo presidente de Acindar- como el representante de una gran cámara empresaria que se queda con el Ministerio de Economía y pone a sus socios dentro de la estructura del Estado. Así, el presidente de la Sociedad Rural Argentina se queda con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; los representantes de ADEBA -Bancos privados- se quedan con el Banco Central y el Banco Nación; y hombres del Fondo Monetario Internacional se quedan con espacios en el Ministerio. Son ellos quienes pasan a dictar todas las leyes que regulan el mercado financiero en la Argentina. Estas leyes, directamente dictadas por Martínez de Hoz a los militares, siguen vigentes, como la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. También la Ley de Privatizaciones, que estuvo vigente hasta 2.009, con la cual se privatizaron montones de empresas estatales durante todos los gobiernos militares y civiles. Estas leyes siguen regulando el sistema financiero aunque no nos demos cuenta y siguen sujetándonos a estructuras muy rígidas”.
Con el campo abierto
Bruno Napoli también explicó los principales lineamientos metodológicos de la investigación, lo central del enfoque interdisciplinario y cómo esto le permitió al equipo de trabajo establecer que los agentes del terrorismo de Estado ejercieron la violencia para cometer delitos económicos una vez que lo hicieron sobre la militancia política, sobre todo entre 1.976 y 1.978. Explicó: “La idea desde el equipo fue mirar los archivos económicos no sólo desde el lado técnico. De ahí que el libro tiene un lenguaje llano y muy accesible. Entonces, pensamos desde un enfoque interdisciplinario el contexto histórico: hay un historiador, una antropóloga y un sociólogo. Y a partir de ahí el análisis: Vimos la cantidad de grupos empresarios que había -que no eran tantos- y que a pesar de que algunos eran amigos de la dictadura igualmente fueron secuestrados y desapoderados”.
“Esto nos dio a pensar que se tendió una red casi mafiosa entre militares y civiles. No importaba si eras amigo o enemigo, si tenías algo podías caer en desgracia igual, porque además de asesinos eran ladrones. De allí que en 1.979 recrudecen los secuestros pero no ya por motivos políticos sino económicos. Organizados desde el Estado con elementos del Estado, estos grupos de tareas aprovecharon la estructura, los campos de concentración, los vehículos, la electricidad paga para aplicar picana. Lo más impresionante es que todos estos tipos que realizaban los secuestros extorsivos cobraban a fin de mes como empleados del Estado. Tanto militares como civiles eran funcionarios del Estado”.
Bruno Napoli, entrevista para “Despacito y por las piedras”, 21 de febrero de 2.015.
Una escuela de justicia
Napoli también es docente y buena parte de sus trabajos -como su compromiso- están basados en la formación que adquirió en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. De allí también proviene su vínculo con el historiador Osvaldo Bayer, con quien ha realizado diversos trabajos en colaboración. Bayer lo acogió las últimas semanas en Alemania -hasta adonde llevó “La dictadura del capital financiero” en vísperas de varias presentaciones en universidades de nuestro país- y, desde luego, valoró su publicación a través de minuciosos análisis. Del maestro dijo:
“Bayer sigue siendo esa persona que trabaja sobre la ética y sobre el deber ser. Él definió la dictadura como la dictadura de la desaparición de personas. Y en base a esta escuela nosotros decimos que además es la dictadura del capital financiero. Él sigue sobre la actualidad permanente, discutiendo a diario lo que pasa en Alemania y en Argentina y comparando políticas. Es una persona absolutamente íntegra que sigue peleando por los valores de lo que hay que ser”.
A su vez, la experiencia del joven historiador en torno a los crímenes del pasado reciente y su posibilidad de justicia fue recopilada en 2.011 en el libro “Juicios por crímenes de lesa humanidad”, de Editorial “Cara o Ceca”. Se trata de una obra colectiva de una docena de autores con perspectiva interdisciplinaria sobre el genocidio, los años de impunidad y el inaudito a nivel mundial proceso de memoria, verdad y justicia que se vive en Argentina. Desde ese lugar, Bruno Napoli sintetizó en la entrevista la importancia del juzgamiento de los responsables civiles de los crímenes económicos del terrorismo de Estado y la necesidad de democratizar la información aún vedada al respecto.
Dijo: “La justicia argentina logró avances enormes, hay centenares de represores condenados y otros tantos procesados. Pero es muy difícil establecer el nexo económico de algunos delitos. En la medida que se abran más archivos del sistema financiero y económico van a seguir avanzando los juicios ligados a los delitos económicos. A partir del primer informe preliminar que se presentó desde la CNV en 2.013, un juez dictó la prisión para un ex presidente de ese organismo, un civil. Luego cinco personas más fueron presas directamente. Y eso es sólo el producto de abrir un archivo, mostrarlo y democratizarlo. Muchos organismos estatales como los Bancos Central, Nación y Provincia de Buenos Aires -además del resto de los Bancos provinciales- tienen muchísima información ligada a delitos económicos ligados a delitos de lesa humanidad. Subsiste mucha resistencia aún para democratizar esta información”.
