TORTURAS Y MUERTES IMPUNES: Distintas varas de la justicia provincial para ir contra la violencia penitenciaria

TORTURAS Y MUERTES IMPUNES: Distintas varas de la justicia provincial para ir contra la violencia penitenciaria

11 de junio de 2015 – “Despacito y por las piedras” entrevistó al abogado Fernando Peñaloza, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en graves hechos de violencia de agentes penitenciarios contra personas privadas de la libertad. Desde el archivo por el homicidio de Ricardo Videla, por los cuales Mendoza recibió condenas internacionales durante el gobierno de Cobos, a las probadas torturas filmadas en 2010 en la Penitenciaría, se revela un andamiaje favorable a la impunidad. El rol del fiscal Garay y la nula disponibilidad del resto para avanzar contra los funcionarios responsables.

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En febrero de 2011 tomó conocimiento público un hecho de torturas contra dos personas privadas de la libertad por parte de siete a nueve agentes penitenciarios en el Complejo Penitenciario San Felipe. Los hechos fueron grabados por la cámara del teléfono móvil -“a título de gracia”- de uno de los agentes, pasó extramuros y llegó a manos de los abogados de Xumec, quienes lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Santiago Garay. El abogado Fernando Peñaloza, querellante por estos hechos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas de Xumec, consideró que la investigación fue “muy lenta y selectiva, descuidada, ociosa y cauta” y que, a dos años y medio de iniciada, la causa, “quedó a mitad de camino”.

Explicó: “La causa quedó en punto intermedio y eso no es sano, a cuatro años de los hechos no puede aún ser elevada, esto tiene que ver con que el primer intento de la acusación fue mal hecho, se declaró la nulidad y debió reiniciarse la investigación”, con la fiscal Claudia Ríos. Recién ahora la causa estaría en condiciones de llegar a una Cámara del Crimen para juicio oral y público”. Para el querellante, entre otras cosas, la preocupación radica en que por la dilación de los tiempos, los agentes acusados que primero fueron detenidos con preventiva por delitos graves como la aplicación de tormentos, obtuvieron la libertad. Señaló en más de una oportunidad que esto obliga a “poner la lupa sobre las diversas varas y diversos estándares de la justicia para los juzgamientos de unos y de otros”, y esto sólo porque “se ha tenido que ir en contra de agentes penitenciarios”.

ferpesEs allí donde el abogado resalta lo de “la distinta vara”, las trabas e impedimentos se dan en estos casos y no en otros. Por ejemplo, los “errores formales” de la investigación realizada por Garay consistieron en no determinar bien quiénes fueron los autores de las torturas o no haber acusado a la totalidad de ellos, a pesar de haber sido advertido por la Sexta Cámara del Crimen. Los registros estaban claros: fueron filmados, se les ven las caras, podían ser reconocidos por otros penitenciarios, internos y visitantes. Las imágenes llegaron “a todos los rincones del país”, tuvieron trascendencia internacional y determinó “una fuerte presión para que el Estado diera una respuesta”.

De allí que el actual y primordial interés de los querellantes sea que la causa llegue a juicio con la calificación provisoria por delitos de tormentos ya que -de la misma manera de lo que sucede en los juicios de lesa humanidad donde el abogado Peñaloza interviene- eso se puede ajustar con el debate en curso, contemplando una posible sistematicidad en los hábitos y frecuencias de los crímenes cometidos, así como el haberlos perpetrados en el marco de una asociación ilícita.

 

Fernando Peñaloza sobre los hechos de torturas y homicidios en las cárceles de Mendoza, “Despacito y por las piedras”, 30 de mayo de 2015.

Ejemplos y contraejemplos, avances y retrocesos

Otro hecho de víctima fatal de la violencia institucional dentro de la Penitenciaría Provincial en el que Peñaloza representa a la familia es el asesinato de Ricardo David Videla, detenido y condenado a prisión perpetua siendo menor de edad, alojado en el Pabellón de adultos menores de San Felipe, donde probadamente fue hallado muerto en 2005. Las condenas internacionales no se hicieron esperar, sin embargo tras años de retrocesos y dilaciones, hace unas semanas la justicia provincial decidió archivar la causa, a pesar de que hay un requerimiento casi cerrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin dudas, para Peñaloza esto demuestra la distinta vara para con las personas privadas de su libertad, con algunos agravantes en particular sobre “el caso Videla”, porque “había una obligación asumida por el Estado, había un sobreaviso a las autoridades, del gobernador Cobos para abajo, para que cuestiones como las que sucedieron, de 20 horas de encierro, no podían suceder”.

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Y agregó: “Acusar significa ir contra el director de la Penitenciaría para aquellos años, el director del Servicio Penitenciario y quizás contra alguna autoridad política, porque cuando Ricardo Videla muere, la cárcel estaba bajo medidas cautelares de la CIDH, es decir que los funcionarios políticos eran responsables de que hechos como éste no sucedieran. Avanzar contra esos funcionarios requiere de una decisión muy fuerte que hasta el momento ningún fiscal ha dado”.

Como anverso de esta impunidad y vulneración de derechos, Peñaloza se refirió a lo que desde hace cinco años sucede en Mendoza respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura. Como representante de la SDHN en los juicios resaltó que son “el ejemplo del deber ser”, al posibilitar que el Estado juzgue los delitos que el propio Estado cometió y que, más allá de las sentencias, “lo sano es que esto se ventile y haga público”. Respecto a los plazos para los alegatos y las sentencias de la megacausa en curso -teniendo en cuenta que “hay dos juicios más en cola”, uno de ellos “emblemático” y “pendiente”, por ser el primero impulsado desde la SDHN con el doctor Eduardo Luis Duhalde, el del centro clandestino y los enterramientos en Lajas, bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea-, explicó que es difícil determinarlo. Esto se debe a que -como se ha dicho en numerosas oportunidades en relación a esta clase de procesos- “audiencia que se pierde no se recupera”, y el TOF 1 viene mostrando en las últimas semanas una notoria falta de voluntad para el desarrollo sostenido de las jornadas testimoniales.

Por último, el abogado también valoró las expectativas en relación a otra causa en la que interviene, la de la desaparición de Soledad Olivera, y en paralelo la posibilidad de que el inminente juicio oral y público permita avances sobre la desaparición de Johana Chacón. Tras la audiencia preliminar de hace unas semanas y el ofrecimiento de la prueba, se espera fecha para septiembre u octubre, luego de la feria judicial. Lo consideró un juicio “largo”, ya que cuenta con unos 60 testigos y destacó la posibilidad de juzgar una desaparición en democracia.

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