Denuncias, testimonios de ausencias y el claro mensaje de las Madres para que la justicia actúe

Denuncias, testimonios de ausencias y el claro mensaje de las Madres para que la justicia actúe

22 de septiembre de 2016 – Fue durante la conferencia de prensa que se brindó este mediodía en el anexo de la Legislatura por parte de un grupo de Madres de Víctimas de Violencia Institucional de Mendoza y el colectivo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las acompañan en su lucha contra la impunidad y la complicidad.

La iniciativa partió a raíz de la grave situación histórica que se vive en Mendoza desde 1983 respecto a los sistemáticos atropellos y abusos que la policía comete contra la población -con más de 200 personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad- como consecuencia de prácticas provenientes de la última dictadura que nunca fueron erradicadas; y por las alarmantes señales de la justicia provincial constatadas durante el 2016 en relación a la distinta vara con que se considera a las víctimas cuando los victimarios son funcionarios del propio Estado, a través de dilaciones y postergaciones procesales por un lado, y leves condenas, cuando no lisas y llanas absoluciones por el otro.

Así es como Alicia Vargas, Viviana Espina, Elsa Navarro, Jésica Carvalho, Myriam Lucero y Marilú Contreras relataron las historias de sus hijas e hijos -respectivamente Cristian Reyes, Lucas Carrazco, Claudio “Willy” Gil, Tania Páez, Saulo Rojas y Leonardo Rodríguez-, el camino que las unió y las sostiene en la lucha, la contundencia de pruebas y testimonios que comprometen a los responsables, y el desdén que las familias reciben desde los distintos actores y cámaras de la justicia provincial. También indicaron que a través de los abogados, y articulando con instituciones y referentes ligados a la problemática, presentarán sus reclamos y denuncias ante la Corte local y recurrirán a jueces y fiscales que no cumplan con su deber al vulnerar derechos y garantizando la impunidad.

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Entre los reclamos puntuales surgen:  – La espera de respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza respecto a Tania Páez y Lorena Castro para que la causa sea, como corresponde, reabierta en una Cámara del Crimen.

-La desatención y violencia ejercidas desde 2006 por parte del aparato judicial sobre la familia de Cristian Reyes, quienes reviven por tercera vez el mismo proceso.

-La reciente absolución de Pedro Nolasco Moya, efectivo policial que ejecutó a Maximiliano Ríos en 2012 en el interior de su casa en Las Heras.

-El no avance en las causas de Willy Gil y de Leonardo Rodríguez -respectivamente hallados muertos en 2014 y 2015 en las comisarías 19 de Junín y 27 de Godoy Cruz, luego de sufrir detenciones arbitrarias-, así como las dilaciones generalizadas en los procesos judiciales y debates restantes.

-Las provocaciones, amenazas y hostigamientos a familiares de víctimas por parte de la fuerza pública y, en algunos hechos, por parte de los propios policías involucrados, como sucedió esta semana con Mario Horacio Biasiori, actualmente en juicio por el homicidio de Reyes y denunciador de su madre, Alicia Vargas.

-Las suspensiones del juicio por el asesinato de Lucas Carrazco por inasistencias de los jueces Uliarte y Valerio a su lugar de trabajo, con lo cual el proceso retorna a fojas cero hasta dentro de 60 días.

-El cambio de carátula solicitado en General Alvear por Marisa Santana, madre de Gabriel Franco, en base a contundentes peritajes de Gendarmería Nacional que demuestran que el niño de 16 años no se suicidó, acentuando las sospechas sobre el personal policial de la Comisaría 14 por las constantes amenazas sobre su vida y el hostigamiento, torturas y malos tratos al que lo sometieron durante años.

Informe y fotografías: Sebastián Moro y Penélope Moro

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