Desinteligencias en la defensa de Armando Osvaldo Fernández

Desinteligencias en la defensa de Armando Osvaldo Fernández

27 de agosto de 2016 – Luego de las dos jornadas de la semana pasada, en las que la Defensoría Pública ofreció los marcos generales de sus alegatos y pidió al Tribunal varias nulidades relativas a las responsabilidades de los 28 acusados en la megacausa por crímenes de lesa humanidad, ayer el abogado Leonardo Pérez Videla comenzó con el análisis de las causas particulares en el mismo orden cronológico de los hechos que referenció con anterioridad el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, confirmó la solicitud de la absolución “lisa y llana” del ex policía y por entonces enlace de inteligencia clave en la estructura represiva del D2 -con rango de mando en tanto oficial inspector-, Armando Osvaldo Fernández Miranda, ya condenado a perpetuidad en los dos juicios anteriores, e imputado actualmente como autor mediato de 17 hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, 20 tormentos, 3 ataques sexuales y el homicidio de Miguel Ángel Gil; y como autor material de otros 3 hechos de torturas contra Carlos Eduardo Cangemi, Fernando Rule y Silvia Ontivero -respecto de quienes consta su firma en las actas procedimentales como prueba inequívoca de su intervención-; todos perpetrados bajo la órbita represiva de ese centro clandestino. Entre los argumentos para absolverlo por los delitos contra Cangemi a finales de 1975, el “complejo” Operativo Rabanal de febrero y marzo de 1976, y contra Alicia Peña pocas semanas después, el defensor sostuvo que Fernández no tenía ni la posición, ni el cargo ni el rol para disponer sobre los destinos de las víctimas y, en la misma dirección, rechazó la acusación por asociación ilícita y el pretendido reajuste en las calificaciones de los fiscales. La audiencia se reanuda hoy. 

 

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La endeble estrategia de la frazada medio corta

Pérez Videla también apuntó que en sus reiteradas testimoniales a lo largo de los años ninguno de estos sobrevivientes reconoció directamente a Fernández entre sus captores o entre los torturadores del D2, deslizando que sin lugar a dudas los crímenes se cometieron tal como fueron relatados pero “por personas más o menos determinadas”, lo cual demostraría una “orfandad probatoria” no salvada en el curso del debate a través de “elementos concretos” y más bien son achacados a su defendido por “la imputación narrativa” que atribuye a la parte acusadora. Y en cuanto a la teoría de la autoría mediata que se le atribuye en la mayoría de los hechos -junto al ex vice jefe del centro clandestino Juan Agustín Oyarzábal y al agente de Inteligencia como él, Eduardo Smaha Borzuk, ambos recientemente fallecidos mientras cumplían, también como él, otras condenas a prisión perpetua-, apeló a la estrategia recurrente de sostener que por su rango Fernández no tenía ni la capacidad ni el dominio para efectuarlos ya que su rol en Informaciones se reducía a “trabajar con los legajos que nutrían las autoridades”, minimizando “las tareas subrepticias de penetración en las organizaciones, de sabotaje e identificación de personas consideradas subversivas”, explicitadas claramente por superiores suyos como Pedro Sánchez Camargo y largamente fundadas en los fallos previos”. En el mismo sentido se explica la intención de adjudicar toda responsabilidad a los mandos de la estructura militar y relativizando el “rol de apoyo” que tuvo el personal de las distintas dependencias policiales mediante acciones perpetradas a partir de “órdenes secretas ejecutadas por subgrupos, que eran quienes torturaban y abusaban en la clandestinidad”. De allí que llegó a afirmar que el D2 era “una dependencia tomada” por el Ejército”. Es decir, la funcionalidad y posición media del condenado y nuevamente acusado en la estructura represiva dispersaría la atribución de responsabilidades a sus jefes por arriba y a quienes han sido reconocidos fotográficamente como partícipes de los interrogatorios.

Sobre ataques sexuales y la lógica de Noceti

Otro de los puntos débiles de las argumentaciones de la defensa tiene que ver con el palmario rechazo al ajuste de calificaciones propuesto por el Ministerio Público y avalado por los querellantes, en particular lo referido a los sistemáticos ataques sexuales en el D2: según Pérez Videla no consta que haya existido una “recepción de órdenes” para perpetrarlos -como si hiciera falta un mandato escrito-, que “el ánimo denigratorio no está”, y que los abusos “no fueron ratificados del todo por las víctimas en este debate”. Un verdadero exabrupto si se repasan seriamente los desagarradores y contundentes testimonios de Silvia Ontivero, Stella Maris Ferrón y Olga Vicenta Zárate, por quienes debe responder en calidad de autor mediato.

Ya desde las consideraciones generales en los alegatos, los abogados de la Defensoría Pública han recurrido a la disidencia que en la contundente sentencia del juicio anterior realizó el juez Alejandro Noceti Achaval, por entonces proveniente del fuero bonaerense: un contrasentido absoluto que raya en el negacionismo que también en la audiencia de hace ocho días plasmó el otro defensor oficial, Ramiro Dillon, quien llegó a afirmar que lo que se está juzgando no son crímenes de lesa humanidad. Cuando en mayo de 2013 se conocieron los fundamentos del fallo anterior quedó en evidencia “la misión” que tuvo Noceti y que no es otra que marcar determinados rumbos para los procesos siguientes como el actual, alcanzando incluso a considerar prescriptibles los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Una crónica de aquellos días lo explica claramente:

La publicación de los fundamentos hizo explícita la “disidencia parcial” sostenida por el juez de Buenos Aires, Alejandro Noceti Achaval. El análisis y la interpretación de los hechos y del proceso judicial volcados por Noceti en el fallo repercutieron rápidamente entre los abogados actuantes en el juicio. Además de coincidir con sus compañeros respecto a la responsabilidad y baja pena de Morellato, Noceti disintió respecto a la asociación ilícita, la autoría mediata y la triple calificación agravada que comprobadamente se les atribuye a todos los acusados en la comisión de los gravísimos hechos juzgados. En ese sentido también votó contrario a las sentencias aplicadas respecto a casi todas las causas tratadas, sobre todo las conocidas como grupales, como las caídas de diciembre de 1977 y de mayo de 1978.

Fernando Peñaloza, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el juicio, señaló: “Lo más preocupante es el voto en disidencia del juez Noceti. Plantea la prescripción, entiende que todos los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 están prescriptos, desatendiendo toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que a esta altura es aberrante. Entre sus penosas frases dice: ´Así, permitir hoy la violación al principio de legalidad y aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del imputado es dejar abierta la puerta para que mañana se violen otros principios constitucionales con la excusa de que se lo hace en beneficio de los intereses que gobiernan el momento´.

Según Peñaloza, Noceti “evidencia su disconformidad con lo que es una política de Estado y su voto entonces adquiere lógica. Preocupan estas formas de razonar de algunos jueces y entonces el actual proceso de democratización adquiere mayor sentido”.

Informe y edición de audios de Sebastián Moro para Radio Nacional Mendoza. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.

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