5 de octubre de 2016 – Una nueva audiencia de los alegatos de la Defensa Oficial se desarrolló ayer en la megacausa por delitos de lesa humanidad en la que el abogado Leonardo Pérez Videla solicitó, en base al principio de la duda por “orfandad probatoria”, nuevas absoluciones tanto para el ex jefe del G2 de Inteligencia del Ejército, Paulino Enrique Furió, como para el ex jefe de la Policía de Mendoza entre 1978 y 1979, Mario Alfredo Laporta. El defensor público completó en la jornada las causas en las que Furió figura como “aportante del dominio funcional” a través de su rol en la privación ilegítima de la libertad y tormentos que sufrió por 51 días -desde el 1ero de abril de 1977- el director de la revista “La Provincia”, Juan Ramón Salomón Yapur; y por las desapariciones forzadas del matrimonio conformado por los jóvenes militantes Laura Terrera y Alfredo Manrique en julio del mismo año, junto con la sustracción y supresión de identidad de la hija de ambos, Celina Rebeca, por entonces de ocho meses de edad y una de las dos personas que recuperó su identidad en Mendoza, recién en 2007. Además, en relación a Laporta -ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea- consideró que no existen “nexos concretos” para vincularlo con la detención ilegal en 1979 de Ana María Florencia Aramburo, vastamente perseguida también por la Policía Federal, por lo cual estaban también imputados los fallecidos Jorge Marchelli -entonces comisario en jefe de la delegación local- y el número dos del D2, Juan Agustín Oyarzábal. Quedaron para el próximo martes los análisis referidos a las responsabilidades del mismo acusado pero en relación a lo padecido por Nélida Virginia Correa y Oscar Miguel Pérez.
Jugar con el descarte
Alfredo Mario Manrique y Laura Noemí Terrera tenían 24 y 21 años de edad cuando fueron secuestrados y desaparecidos el 24 de julio de 1977 apenas arribaron a la Terminal de Ómnibus de Mendoza luego de pasar unos días en San Juan. Con ellos también fue desaparecida la beba de ambos, Celina Rebeca -nacida el 8 de noviembre de 1976-, hasta que recuperó su identidad en 2007, luego de ser apropiada en Mendoza por Arnaldo Guiraldez e Inés Sánchez, que además falsificaron su documentación y negaron su destino a sus familiares biológicos que habían seguido pistas certeras siendo ella una niña. Las pruebas sobre que las desapariciones fueron perpetradas en Mendoza y que Celina fue entregada días después son contundentes y sostenidas en el transcurso del tiempo: aquél feriado de Patrono Santiago la pareja de militantes montoneros se despidió de la familia de Alfredo en San Juan, abordaron un colectivo rumbo a nuestra provincia y las pesquisas de sus desesperados familiares corroboraron que en nuestra Terminal retiraron el equipaje con los boletos de la empresa T.A.C. y el cochecito de su hija que habían dejado en guarda. Nunca más fueron vistos de nuevo.
Tiempo después -como sucedió con miles de hechos similares en todo el país- las familias de ambos fueron víctimas de pistas falsas -o “plantadas” a priori- con la intencionalidad de distraerlos de la búsqueda real de sus seres queridos y para que las abuelas y los abuelos desistan de hallar a sus nietos. Es decir, una práctica más en el marco de las perversas prácticas llevadas a cabo por represores y apropiadores dentro del plan sistemático de robo de bebés. Ahí se inserta la carta de puño y letra que recibieron los padres de Laura, informándoles que los tres se encontraban bien, que no los buscaran más y que residían en Buenos Aires. El contexto opresivo sobre los familiares los llevó a destruir la misiva y en 1987 dio pie a Otilio Romano -ex fiscal federal y uno de los cuatro civiles acusados en este juicio, también imputado por este hecho- y a los magistrados Luis Miret y Eduardo Mestre Brizuela para que la causa sea archivada, soslayando que según las normas internacionales se trata de un crimen imprescriptible. Por eso resulta un despropósito que en la jornada de ayer el defensor oficial Pérez Videla haya vuelto a poner en el tapete aquella carta escrita por Laura sometida a la tortura y a la mayor de las presiones posibles -o directamente fraguada- a fin de desligar al ex jefe de inteligencia del VIII Comando de Infantería de Montaña, Paulino Furió, por la sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años, la sustracción de su identidad y falsedad ideológica, así como las desapariciones de su mamá y de su papá.
“Es evidente que el contenido, el tenor más profundo y significativo de la carta es que estaba el matrimonio en Buenos Aires… Está en la denuncia la descripción escueta de que tomaron el colectivo, de que por los datos se bajaron del colectivo -¡pese a que no hay ni un solo pasajero o tripulante que haya afirmado tal cosa!-, y de que obviamente se fueron a Buenos Aires”, dijo el abogado.
Se viene el sexto juicio
Por otro parte, se confirmó que el próximo 27 de octubre comenzará otro juicio en el TOF 1 -el sexto a nivel provincial y cuarto de la Ciudad de Mendoza, con lo cual habrá en la jurisdicción tres debates abiertos desarrollándose simultáneamente- con causas emblemáticas que contemplan, entre otras, los crímenes cometidos en el centro clandestino Las Lajas y en la órbita de la inteligencia militar a través del Comando de Operaciones Táctico y la Comunidad Informativa. Entre la treintena de imputados de las distintas fuerzas armadas y de seguridad figuran los ex policías Carlos Rico Teijeiro, Marcelo León y Roberto Usinger, y el ex suboficial de la Fuerza Aérea Armando Carelli, además de varios agentes del D2 y otros condenados y acusados en el proceso actual.
Audiencia del 4 de octubre de 2016. Informe y edición de audios de Sebastián Moro para Radio Nacional Mendoza. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.
