LA GRIETA

LA GRIETA

12 de septiembre de 2013, por Sebastián Moro para Edición UNCuyo. La extradición y prisión preventiva del destituido juez Otilio Romano permite ampliar las investigaciones y procesamientos de los funcionarios de la Justicia Federal en la dictadura cívico-militar. La “causa de los jueces” queda integrada y, a la vez, estructura el megajuicio con el 11 de noviembre como fecha probable de inicio. Impresiones de unas jornadas históricas.

Otilio Romano entrando a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal en Mendoza.

Otilio Romano entrando a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal en Mendoza.

El Föhn es un fenómeno climatológico, un viento caliente que habitualmente trastorna la vida de pobladores y pobladoras de la escarpada geografía suiza. Este viento es par de nuestro Zonda, dadas las similares condiciones climáticas de ambos lugares tantas veces señaladas, del mismo modo que lo “cerradas” o “conservadoras” de las respectivas sociedades cobijadas por esas geografías. El calificativo de conservadora, en lo que respecta a la sociedad mendocina, es descriptivo al menos en cuanto a los sectores que históricamente han detentado el poder, gravitan en torno a él o constituyen su fundamento. Tal es el caso de las funciones que supo ejercer durante la última dictadura la Justicia Federal en Cuyo, en especial por el acomedido accionar “contra la subversión” de los Tribunales Federales de Mendoza, ocupados entre 1975 y 1983 por los hoy exjueces Evaristo Carrizo y Luis Francisco Miret, los exfiscales Otilio Roque Romano y Gabriel Guzzo, y el exdefensor oficial Guillermo Petra Recabarren.

Todos ellos están hoy procesados por delitos contra la humanidad en la conocida causa “Fiscal contra Guzzo”. Carlos Pereyra González, ex juez al frente de la Cámara Federal de Apelaciones, y su colega Alfredo López Cuitiño, han corrido con aires más favorables acerca de la investigación sobre sus complicidades con la dictadura, y su evidente y sistemática estrategia común para asegurar la impunidad de miembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Esto solo de momento, ya que el lunes 9, el juez federal Walter Bento elevó a proceso a un funcionario más, el exmagistrado Julio Demetrio Petra, por favorecer al exteniente coronel e intendente de facto de San Rafael Luis Stuhldreher.

Todos ellos, en banda, tuvieron peso jurisdiccional sobre la represión. Por las funciones que ejercieron son responsables primarios de la implementación sistemática del plan de exterminio por los grupos de tareas en el territorio y bajo todas sus formas: asesinatos, secuestros, violaciones, torturas, robo de menores, desapariciones, persecución a familiares. Arbitrariedad, maltrato y saña administrativa son algunos de los rasgos exhibidos por la banda de federales. La injusticia era aplicada en cada una de las etapas de los “procesos” judiciales, desde las detenciones ilegales hasta los largos presidios o desapariciones forzadas. Los funcionarios convalidaron el uso de la violencia: frecuentemente observaron a las personas detenidas, sus marcas y las condiciones de encarcelamiento, interrogaron tras la tortura, y de modo sistemático rechazaron los cientos de habeas corpus presentados por familiares de las víctimas, con el agregado de dejar las costas por sus cuentas. Al silenciamiento y complicidad lo completaron con los pronunciamientos de una justicia muy particular, sustentada en la ley 20.840 “de lucha contra la subversión”.Así, la justicia federal dio aval y apoyo letrado a los llamados Consejos de Guerra, aversiones militares del derecho. En ellos eran procesadas y condenadas decenas de personas detenidas, en fantochadas de audiencias no exentas de violencia. Del resto de las acciones judiciales se ocuparon plenamente los cruzados federales: libramientos de órdenes de detención masiva sin pruebas delictivas, armados de causas, renuencia a investigar denuncias, fallos absolutamente tendenciosos, potestad arbitraria sobre el destino de las detenidas y los detenidos, permisividad y vista gorda a lo que sucediera a las víctimas en los centros clandestinos.

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El accionar de la banda no se detuvo en democracia. A la lubricación de relaciones de poder y extorsiones que les permitieran desvincular la trama de vestigios de la represión ilegal, sumaron el cajoneo de expedientes y la eliminación de documentos y pruebas, lo que el Zonda pudiera llevarse. La prosecución del genocidio por parte del Poder Judicial implicó ensuciar y fragmentar las causas y hasta impedir las investigaciones. El marco propiciado por las leyes de la impunidad hizo el resto. Recién desde 2010, tras más de 30 años de lucha de los organismos de derechos humanos y la voluntad política de los gobiernos kirchneristas, se comenzaron a desbaratar la impunidad y los responsables civiles de asegurarla para sí y para terceros.

Empezó entonces una serie de complejos procesos de destitución, plagados de recurrentes zancadillas de parte de los colegas federales en funciones. Se sucedieron renuncias, retiros e incluso fugas internacionales, como la emprendida hace dos años a Chile por el destituido exjuez Romano. La descompostura en el enquistamiento del aparato judicial del terrorismo de Estado se hizo tan evidente como la cobardía de sus portadores. Prohijados por la Justicia Federal, los más aberrantes hechos judiciales sirvieron para fundamentar, sostener y ejecutar la matanza. La consecuencia no fue solo muerte, sino también persecución, terror y exilio para miles. Y una sociedad más quieta, encerrada como la gente durante los días de Zonda, con una injusticia reinante que cada tanto pasaba, abrasiva, para recordar injustamente que la impunidad seguía bien asegurada, aun en democracia.

“La avería” es un cuento escrito por el muy suizo Friedrich Dürrenmatt en 1955, en postrimerías de una Europa en reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de la nueva bipolaridad mundial luego de las experiencias totalitarias. Dürrenmatt menciona al Föhn únicamente para señalar qué es lo que esconde un grupo de jubilados, casi en vida comunitaria, en colinas que silencian secretos. La banda la integran el exjuez y posadero Pilet, el cínico exfiscal Zorn, el exdefensor oficial Kummer, y Simone, verdugo. Abúlicos hasta el retiro, los personajes son efusivos con respecto al derecho, según sus experiencias como funcionarios, y prácticamente ausentes en cuanto al pasado reciente. Solamente Kummer deja escapar, en una recreada audiencia procesal, los deliberados actos que la vulneración de justicia significa para los sujetos y sujetas, y por consiguiente para una sociedad y su historia. El defensor rechaza el planteo de abolición de pena de muerte argumentado por Alfredo Traps, hombre de negocios atrapado inoportunamente en un juego perverso, debido a un desperfecto de su auto que deriva en su insólita acusación de homicidio por parte de los funcionarios retirados: “Aquí operamos con una justicia particular y la hemos restablecido. Justificar la posibilidad de amparar la pena de muerte es lo que convierte nuestro juego en algo singular y emocionante”.

Derecho preso

Ni la bicicleta del “Cóndor” Contreras ni el caballo blanco de San Martín fueron los medios con los que Otilio Roque Romano cruzó la cordillera. Él va en avión. Esta vez vino, de vuelta, a Mendoza. Fue sobre el filo de la medianoche del 5 de septiembre, luego de que la Corte Suprema de Chile ratificara el pedido de extradición realizado por Argentina en cuanto se supo de la fuga del destituido exjuez hace dos años. No será Contreras ni mucho menos San Martín, pero a Romano, en su retorno, lo esperaba la gloria. O al menos lo que él, en su manifiesta actitud cínica, considera gloria. Todo se cumplió como en una película de la guerra fría: poderoso juez, genocida, prófugo por considerarse “perseguido político”, solicitud de extradición internacional, ampliación de testimonios sobre los crímenes imputados, resolución del máximo tribunal chileno, traslado aéreo del detenido, fuerte operativo de custodia y remisión a Tribunales Federales.

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Luego, por intervención del juez federal Walter Bento, se le confirmó el procesamiento por las imputaciones en suspenso desde su fuga y la prisión preventiva en el pabellón 6 del Penal de San Felipe. Junto con la asignación de Alejo Amuchástegui, su defensor oficial, Bento rechazó la posibilidad de la prisión domiciliaria, dados los crímenes cometidos y la inconducta ante la justicia. Por lo demás, goza de suficiente salud como para permanecer en San Felipe. Allí departirá, domingo tras domingo, con otros acusados y condenados por delitos de lesa humanidad y agentes de seguridad. Al menos hasta el 11 de noviembre, si así lo confirma el Tribunal Oral Federal 1, cuando inicie el megajuicio tramitado por la fiscalía y las querellas, teniendo en cuenta que Romano integra “la causa madre”. Con él llega a 41 el número de imputados, entre agentes de la represión y funcionarios de la Cámara Federal. Es decir, cinco exfiscales y jueces partícipes del terrorismo estatal serán enjuiciados, lo cual da al proceso una dimensión inédita en la historia de la región. La cantidad de víctimas alcanza la centena y se encuentran agrupadas en 15 causas.

Un cuento suizo

Ufano de una espera que no es justamente la de la gloria, a Romano en su arribo solo le faltó saludar como la reina de la vendimia. El gesto esposado y la sonrisa que exhibió a los fotoperiodistas trasunta desconfianza y desdén, a la vez que cobardía y desafío. Romano pasa de las fotos a la escena, se prepara para la hora de la justicia que, a su pesar, finalmente llegará. Y será en Tribunales Federales, el mismo lugar donde él y sus colegas avasallaron las vidas de cientos durante décadas, donde un desvelado grupo de militantes y sobrevivientes lo esperó la pasada madrugada de viernes y donde transcurrió su primera noche preso. Como en una película. Así también lo vivió el jardín de gente que, entre la incredulidad y la satisfacción, entre la bronca acumulada y los contornos de la neblina, se amuchó en la playa del Tribunal Oral Federal, solo para asegurarse de que Romano era Romano. Y su rémora, porque afloraron, una vez cerrada la puerta lateral, la memoria y la emoción. Aflojaron el frío de la noche y la espera.

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Silvia Ontivero, referente de los Organismos de Derechos Humanos, víctima y denunciante de Romano, expresó sus sensaciones: “Es una contraimagen de cómo nos sacaban a nosotros de nuestras casas: de los pelos, a las patadas. Llegábamos a los centros clandestinos e inmediatamente empezaban a violarnos, éramos mujeres con niños”. Su compañera Virtudes Della Santa añadió: “Debe ser un difícil trance para él estar en el subsuelo, trance que de ni lejos tiene que ver con lo que sufrieron nuestros compañeros”. La alegría por “este logro nuestro” no relaja sin embargo la atención en la lucha, dada la influencia que Romano aún sostiene en algunos círculos. Eugenio París indicó que “son bastante cobardes, y él más, al ni siquiera enfrentar la justicia, a la que conoce desde adentro”. Mientras tanto, Silvia y Nino Bonoldi recordaron las responsabilidades competentes al juez Bento, al señalar que ahora trabajan en reunir las causas por él “despedazadas”: “Desguazó todo, atrasó todo 20 años”.

“Una historia aún posible”, dictamina la bajada de “La avería”, el cuento suizo de los abogados retirados que condenan a la máxima pena a un ciudadano caído en manos de “un tribunal riguroso”. Invitado a ocupar el lugar del acusado, Alfredo Traps oyó decir al fiscal respecto del principio de inocencia: “Es una cuestión irrelevante, siempre se termina contando algún delito”. El defensor lo aleccionó: “Es realmente una temeridad, por no decir más, querer ser inocente ante nuestro tribunal”. Y el juez lo acorraló: “Juzgamos sin tener en cuenta esos inmundos códigos y artículos”. El juego concluye con la víctima como fin. Sin embargo, como la mirada de los condenados en los ojos del verdugo, la avería corroe a la vieja injusticia. Una historia aún posible. Mientras, algunos descubren cuánto mejores pueden ser los domingos con el exfiscal donde corresponde.

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