EL DÍA MENOS

EL DÍA MENOS

12 de noviembre de 2013. Por Sebastián Moro para “Edición UNCuyo”

Indignación fue la sensación que recorrió los rostros del público, familiares, víctimas y referentes vinculados a la lucha contra los crímenes de lesa humanidad en Mendoza. El cuarto juicio, con un imputado por detenciones ilegales y torturas contra tres personas, se suspendió a horas de iniciado, el 11 de noviembre. La resolución del TOF 1 estará vigente hasta tanto se puedan constatar las condiciones de salud del exmilitar de Inteligencia Enrique Gómez Saá, quien presentó dos certificados médicos cuando faltaban apenas horas para el debate. Interpretaciones de una audiencia ambulatoria que alerta sobre situaciones críticas en torno a los juicios.

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“Por el momento está suspendido el inicio del debate”. Las palabras pronunciadas a la prensa por el doctor Alejandro Waldo Piña, presidente del Tribunal Oral Federal 1, en el acceso al estacionamiento del Hospital Español, postergaron antes del mediodía del 11 de noviembre el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. La audiencia inicial comenzó en Tribunales Federales a las 10.30, y contó con la presencia de los también jueces Juan Antonio González Macías, Raúl Alberto Fourcade y Héctor Cortés.

Media hora después, una comisión integrada por Piña, el fiscal general doctor Dante Vega y el querellante en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, doctor Pablo Salinas, se aproximó hasta el Pabellón 5 de Hemoterapia de aquel hospital para comprobar la internación del exagente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura cívico-militar en Mendoza Enrique Blas Gómez Saá, imputado por las detenciones ilegales y torturas, entre junio y septiembre de 1976, en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII (el “Comando”, la “Brigada” o “Comunicaciones”) de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea, fallecido en democracia.

“Un día sin juicio es un día de impunidad. Este año, por una u otra causa, todavía no se inició juicio. O porque me falta un botón o me sobra un ojal, todo se impide”, dijo Guidone, quien, junto con Vélez, accedió a una nota con Edición UNCUYO, minutos antes de la audiencia. Explicaron su voluntad de brindar testimonio nuevamente, a pesar de no estar obligados, revelaron responsabilidades del imputado y manifestaron la importancia del juicio, dados el rol de Inteligencia del Ejército y la centralidad de Comunicaciones en la represión.

Dijo Guidone: “Aparentemente no pasaba nada, sin embargo los que estuvimos ahí vimos día a día la cantidad de detenidos que se sumaban, las torturas, las desapariciones. Eso fue un campo de concentración, un centro clandestino de tortura”. Para Vélez, “Gómez Saá tiene estrechas relaciones con la sociedad local que le han posibilitado impunidad, con vinculaciones en la Justicia, los medios, el empresariado, y una impunidad accesoria que le permitió no ser juzgado en el anterior proceso. Sabe de este oficio para evitar la condena. No son viejitos ancianos y buenos, son criminales y les ha llegado el momento, aunque sea tardío, de ser juzgados. Si no lo son, que al menos la sociedad lo sepa para que tengan condena social”.

¿Cómo se explica que un juicio breve, con un solo imputado, que ya postergó en dos oportunidades el debate durante 2013 y con anterioridad eludió el juzgamiento de estos hechos por los cuales hubo dos condenas, haya sido paralizado en menos de dos horas y con un resultado parcial con imágenes de hospital antes que de tribunal de Justicia? Gómez Saá tiene 82 años, llegó al juicio en libertad y con la absoluta garantía de sus derechos. La conservación de su influencia en factores de poder le ha permitido continuar impune mediante distintas estrategias planteadas por Carlos De Casas, su abogado defensor.

Como se denunció en la audiencia pública, no es la primera vez que el imputado recurre a motivos de salud como ardid dilatorio. Por eso, ante el comunicado del Tribunal y a instancias del fiscal, tanto Salinas como Martín Vergara, representante de Vélez, solicitaron el inmediato traslado al Hospital Español, de las partes y los jueces, para constatar la presencia de Gómez Saá, sus condiciones de salud y una resolución tras las nuevas pericias médicas requeridas.

Se corroboró la internación del imputado y se suspendió el juicio hasta tanto un grupo médico evaluador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre las posibilidades físicas que el exmilitar tiene de enfrentar el juicio. Hoy fue descartada por motivos logísticos esa intervención, por lo cual se espera la conformación de un nuevo equipo médico local, a través del Cuerpo Forense, que permita aclarar la situación por demás irregular dado “el síndrome confusional” que presentaría el imputado.

Los ojales que sobran

Las causas de Lecea, Vélez y Guidone, en sus tramos de cautiverios en Comunicaciones, dado que, como cientos de personas, estuvieron en comisarías y en la Penitenciaría Provincial antes de ser trasladados en septiembre de 1976 a la U9 de La Plata, fueron tratadas en el juicio por delitos de lesa humanidad que concluyó el 22 de marzo de este año. Allí, entre una decena de acusados, se determinaron las responsabilidades del entonces jefe de Comunicaciones, Ramón Puebla, y de Dardo Migno, jefe del centro clandestino de detención y torturas allí situado, “LRD” o “Lugar de Reunión de Detenidos”. Ambos fueron condenados a 18 y 14 años de prisión respectivamente.

Desde antes del golpe, Gómez Saá fue segundo jefe de Inteligencia del Ejército, grupo conocido como “GE 2”, a cargo del exteniente Orlando Dopazo, quien murió impune. Como subjefe tuvo un desempeño clave para el ejercicio de la represión, sobre todo en los campos de concentración como Comunicaciones, en los cuales el Ejército actuaba como amo y señor, no sin la complacencia y complicidad tanto de civiles como de funcionarios, médicos y sacerdotes. Como hombre bien relacionado, se aferra a la impunidad desde hace 38 años. De declararse inimputable a Gómez Saá se caería un juicio cuyo valor, además de reparar judicialmente a los sobrevivientes, profundiza el conocimiento sobre lo que fueron el montaje, el accionar y las consecuencias de ese aparato de terror que fueron Comunicaciones y el Ejército en general.

Los reiterados y atendibles reclamos de los organismos de derechos humanos ante la Justicia Federal, promovidos por los querellantes y el Ministerio Público Fiscal, para que en este cuarto juicio fueran acumuladas el resto de causas sustanciadas desde 2012, y que esperan desarrollo con urgencia, no fueron considerados y se dilató esa posibilidad hasta febrero de 2014. Se llega entonces a fines de 2013 con un único imputado, que además “se cae” antes de empezar.

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Los motivos de los inconexos administrativo-jurídicos respecto del juzgamiento de estos crímenes se enmarcan en la dimensión de lo que queda por juzgar. Se trata de 40 represores de las distintas fuerzas actuantes en Mendoza, junto con Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo, todos exfiscales y jueces durante la última dictadura militar. Las causas a tratar superan la centena. La extradición de Romano en septiembre aceleró los manotazos de ahogados que ya venían dando, a partir de bravatas, recusaciones y chicanas, sus colegas de letras y armas. Los exmagistrados no están dispuestos a abandonar la impunidad, ni para sí ni para sus aliados.

El escenario se torna preocupante al analizarlo con lo que viene sucediendo en otras partes del país, donde el desarrollo de los juicios de lesa humanidad se ve ralentizado y atacado por intereses enquistados, sobre todo a partir del procesamiento de los cómplices y partícipes civiles de la represión. El ataque sistemático desde los medios, sectores políticos y la corporación judicial a Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación y férrea defensora de estos juicios como ejemplo para democratizar el servicio de justicia, y a los fiscales especiales en la materia, no es ajeno a Mendoza. La provincia es el único caso en el mundo donde se juzgará a una banda de exjueces, y está en la mira de un poder que subyace y, cada tanto, parece reagruparse y relanzarse. Y que desde luego, no quiere ni memoria, ni verdad, ni justicia.

La confusión confesional

“Por razones de salud manifestadas por su abogado defensor, Enrique Gómez Saá se encuentra internado en el Hospital Español, a través de dos certificados médicos suscriptos por la doctora María Cecilia Solchaga, de los día 9 y 10 de noviembre respectivamente. Según el primero, presenta debilidad de miembros inferiores compatible con polineuropatías y síndrome confusional. El segundo confirma el diagnóstico”. Estas palabras fueron parte de la breve apertura de audiencia que hizo el doctor Piña. Dante Vega, visiblemente indignado, solicitó que “en forma inmediata se constituya en pleno el Tribunal y las partes en el Hospital Español a fin de constatar su estado de salud y de tomarles declaración testimonial a los médicos que han firmado los certificados y a todos los médicos a cargo de su cuidado”. Los abogados Vergara y Salinas adhirieron a los planteos y ampliaron las denuncias.

Dijo Roberto Vélez: “Hay un episodio vinculado en el expediente de Gómez Saá que no debe pasar desapercibido: es una autorización que tramitó para irse a Chile invocando razones de salud. La fiscal Obregón observó la petición y exigió se acredite constancia médica. El abogado presentó otra nota donde, muy suelto de cuerpo, dice que ‘en verdad va (a Chile) por razones de salud, y como nosotros vinculamos salud con vacaciones, es necesario para él irse de viaje’. Este es el tipo de metodología que se viene usando para postergar la situación de alguien que no solo es responsable por los hechos contra tres personas en la Compañía de Comunicaciones. Gómez Saá integró el núcleo duro de la represión, fue el segundo jefe de inteligencia militar después de Dopazo, que dependía de Carlos Martínez, el arquitecto del exterminio en la Argentina, brazo derecho de Videla. Estamos frente al juzgamiento del responsable del proceso represivo en Mendoza, que posibilitó la desaparición, tortura, saqueo y cárcel de centenares de ciudadanos. A priori esto parece una burla al Tribunal, a nosotros, a las expectativas”.

El patrocinante del MEDH expuso: “Este debate ya se ha aplazado dos veces y este proceso debió llevarse a cabo en el anterior juicio. Gómez Saá se convierte así en una especie de privilegiado que a la utilización de recursos médicos agrega la falta de respeto que significa que no esté su defensor presente. Hace dos días murió Willy Cardello, miembro de la patota federal (que incluye a los prófugos Marcelo León y Ricardo Alecks) sin que se le realizara juicio. Se van muriendo los represores sin que realicemos los juicios. En forma reiterada hemos pedido la acumulación de los procesos”.

Y continuó: “Como abogado y penalista, no puedo dejar de decir que si los que debieran estar acá, porque han dejado la silla vacía, fueran personas pobres, estarían sentados y juzgados. Pero se trata de gente que mantiene poder e influencia, que de una u otra manera sigue frustrando el derecho de las víctimas. Represento a las víctimas y quiero transmitirle al Tribunal la falta de dignidad y de respeto por lo que está sucediendo en Mendoza respecto de los juicios. No puede ser que teniendo todos los imputados y rechazada la recusación en Casación que el exjuez Luis Miret planteó contra el juez González Macías, se postergue el juicio porque aún no se resuelven los sucesivos planteos de Otilio Romano. Si Gómez Saá está enfermo, creemos en un Estado democrático y aceptamos que se suspenda el juicio. Si es mentira, si otra vez vuelven a utilizar el recurso de la salud para chicanear el inicio de los juicios, vamos a pedir que se deje de tomar el pelo a las partes y al Tribunal”. Por último, Salinas reiteró que insistentemente va a pedir para que el megajuicio comience en diciembre y se habilite la feria judicial para agilizar el debate de las causas.

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