LA CAMARITA FEDERAL

LA CAMARITA FEDERAL

17 de febrero de 2014 – Por Sebastián Moro para “Edición UNCuyo”

El megajuicio que da cuenta de más de 200 casos de crímenes de lesa humanidad en Mendoza solo pudo completar en su jornada inicial el procedimiento de identificación de 30 de los 38 imputados. El Tribunal Oral Federal 1 resolvió realizar una audiencia breve y pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, día que se espera que sea posible la lectura de los requerimientos. También hubo rechazos a los planteos de Fiscalía para que se dé premura a los procedimientos y una permisividad excesiva con las provocaciones de los exjueces Miret y Romano. Reflexiones de algunos protagonistas sobre el panorama de un proceso que se avizora extenso.

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De manera desprolija, accidentada y con incertidumbres que no fueron subsanadas por el Tribunal, se desarrolló el 17 de febrero la primera y muy breve audiencia del megajuicio por delitos de lesa humanidad. La coordinación humana y técnica exigida para dar cuenta de la comparecencia de los 38 imputados dispersos en distintas provincias y complejos penitenciarios hizo que el tiempo se escurriera en lagunas ocasionadas por fallas en la comunicación por videoconferencia. Además, la actitud desafiante que ostentó durante el debate el exjuez federal Luis Francisco Miret, imprimió a la jornada histórica un clima de atendible malestar por parte de las partes acusatorias, las víctimas y el público en general.

El incidente que se transcribe a continuación es ejemplo del colmo al que se llegó en un punto del debate: El fiscal general de la Procuraduría de Lesa Humanidad de la Nación, Jorge Auat, que acompañaba la actuación del Ministerio Público a través de la representación de Dante Vega, se vio obligado a interrumpir la identificación que se hacía de los imputados. Dijo Auat:

“Hace unos minutos un imputado, con su cámara de fotos, me enfocó y me tomó una. En rigor de verdad no me gusta hacer alardes de valentía ni de bravuconadas. Sí puedo decir que no me preocupan, como diría un poeta criollo, ´ni sombras que asustan, ni bultos que se menean´. Pero el objetivo intimidatorio que tiene el hecho concreto de enfocar a una de las partes y tomarle una foto, por parte de un imputado, no puede estar ausente, tiene que ser observado por el Tribunal. Uno de los imputados tiene una máquina, me enfocó y me sacó la foto. Si mal no recuerdo creo que fue el doctor Miret”.

El acusado entonces arguyó que había sacado varias fotos pero sin fines intimidatorios. Ante lo cual el fiscal remató: “Eso es algo muy difícil de verificar, porque pertenece a su ámbito íntimo. Pero sí se exterioriza, se materializa y se siente hacia afuera como un objetivo intimidatorio. De modo tal que lo que hago es poner en conocimiento del Tribunal para que arbitre y actúe en consecuencia. Y porque además nunca he visto a un imputado con cámara de fotos y en todo caso, lo que cuenta, es lo que yo sentí”. Entonces Alejandro Piña, presidente del Tribunal advirtió a los imputados para que “por cuestiones de seguridad se abstengan de venir con cualquier tipo de elemento extraño al objeto del debate”. Una duda sobrevoló la sala: Detenidos o no, ¿se les hace la revisación pertinente a estas personas, sospechadas o condenadas por cometer crímenes contra la humanidad?

Entrevistado en el transcurso de la tarde, Auat manifestó que: “En un juicio con tantos imputados y tantos hechos hay que tratar de acelerar trámites lo mejor posible. Hay que hacer un tremendo esfuerzo por lo que significa, por lo que demoró este juicio. ¡Hablamos de hechos de hace casi 40 años! Si proyectamos, desde que cayó el último cepo a la impunidad en 2003, dos años más hasta 2016, ¡estamos hablando de un proceso de 13 años! Estos procesos tienen una patología que hay que empezar a pensar cómo sanearla. Y en ese sentido, lo que hacemos desde Procuración es instalar en el Tribunal la agenda de juicios que se comparezca con la necesidad y con la realidad también, ¡esto no admite más demora! Porque incluso tenemos riesgos de impunidad biológica, por la avanzada edad de los imputados”.

El lugar de los acusados

La audiencia se abrió con la decisión comunicada por el Tribunal de únicamente proceder en el desarrollo de las identificaciones de cada uno de los imputados, dejando para la audiencia próxima la lectura de las 14 causas en pie. El salón de actos de Tribunales Provinciales estuvo repleto de asistentes, público, familiares de víctimas, autoridades del gobierno provincial y referentes sociales. Por la Fiscalía Especial de delitos de lesa humanidad estuvieron presentes Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante; en tanto que el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, el mayor de los querellantes, estará representado por Pablo Salinas, Viviana Beigel, Diego Lavado, Carlos Varela, Lucas Lecour y Sergio Salinas. Al igual que en los anteriores juicios, Romina Ronda actuará en nombre del Gobierno de Mendoza y Fernando Peñaloza representará a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Fuera del incidente protagonizado por Miret, fiscal y querellas solo hicieron un reclamo al Tribunal: un recurso de reposición contrario a la determinación del Tribunal de únicamente proceder a la identificación de los imputados y postergar hasta el próximo 24 de febrero la lectura de los requerimientos, cuando habían sido estipuladas dos audiencias semanales. Vega argumentó que “por el costo y esfuerzo que genera esta cantidad de imputados y hechos, la demora exige continuidad en el debate”.

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En la sala comparecieron los exfuncionarios de la Justicia Federal, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret Clapés y Otilio Roque Romano Ruiz. Al momento de ser presentados para su identificación todos fueron tratados de “doctores”. Fue Miret quien además de la recurrente actitud provocativa y autoritaria respecto a las querellas y al Tribunal, intentó victimizarse: al momento de ser consultado por su ocupación se definió como “abogado desocupado”. A su vez Romano obtuvo una concesión simbólica de parte de Alejandro Waldo Piña, presidente del Tribunal: fue el único de los imputados al cual no se le requirió el domicilio. Romano está preso, se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario San Felipe, al igual que los presentes Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor Lapaz Calderón, Armando Hipólito Guevara Manrique, Marcelo Rolando Moroy Suárez y Miguel Ángel Tello Amaya, todos expolicías provinciales; y que los expenitenciarios Oscar Alberto Bianchi Bartell, y Pedro Modesto Linares Pereyra. También comparecieron a la audiencia los expolicías Miguel Ángel Ponce Carrera, Juan Carlos Ponce Ochoa, Héctor Rubén Camargo y Rubén Darío González Camargo.

El ex juez federal Rolando Evaristo Carrizo, el exmilitar José Antonio Fuertes Fernández, y los exmiembros de la Policía de Mendoza, Félix Humberto Andrada Ferreyra, Diego Fernández Morales Pastrán y Ricardo Benjamín Miranda Genaro, se identificaron por videoconferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones, a cien metros desde donde se desarrollaba el debate. Miranda Genaro, dada su responsabilidad en la represión como jefe del D2, fue condenado a prisión perpetua en el tercer juicio de la provincia. Otro de los condenados e imputado en el proceso actual es Juan Agustín Oyarzábal Navarro, subjefe del D2, dos veces sentenciado a perpetua y con prisión domiciliaria en Rivadavia, motivo por el cual presentó un escrito con su identificación.

También están condenados por delitos de lesa humanidad el excomodoro de la Fuerza Aérea Alsides París Francisca y Dardo Migno Pipaón, que declaran desde la  Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Migno fue jefe del centro clandestino que funcionó en el VIII Comando de Comunicaciones de Montaña bajo responsabilidad de Ramón Ángel Puebla Romero y en la órbita represiva del exjefe de Inteligencia militar, Paulino Enrique Furió Etcheverry. Ambos condenados declararon desde Comodoro Py, en la Cámara Federal de Casación Penal. También desde Buenos Aires, pero desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, lo hicieron Eduardo Smaha Borzuck, policía provincial condenado por la desaparición de Alicia Cora Raboy y el asesinato de Paco Urondo; el expolicía Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Jorge Antonio Marcelli López y Mario Alfredo Laporta Chieri, quienes actuaron para la Policía Federal y la Fuerza Aérea respectivamente.

Por último, desde la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán fue identificado el exmilitar Pablo Antonio Tradi; y desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, Carlos Horacio Tragant, coronel retirado a cargo del Liceo Militar General Espejo, durante la represión. La cuenta de las personas identificadas en la escasa hora y media de audiencia suma treinta. Con los apartamientos, no ratificados hasta el momento por el Tribunal, de Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del III Cuerpo de Ejército; Gabriel Guzzo, exjuez federal; y Enrique Gómez Saá, exagente militar, resta confirmar las identidades de ocho acusados para, de una buena vez, dar comienzo a la lectura de los requerimientos.

Al respecto, el abogado Peñaloza, entrevistado por Edición UNCUYO, consideró: “Si el juicio se abría con la lectura de los requerimientos, los imputados que hoy no están luego no pueden ser incorporados. La idea del Tribunal es abrir el juicio con la mayor cantidad posible de imputados. Primero se identifica a todos, y luego se habilita la lectura de los requerimientos”.

El tiempo es hoy

Fernando Peñaloza aportó sus impresiones sobre la primera jornada, la importancia del juzgamiento a los exfuncionarios por su rol en la represión y en la profundización de la impunidad, los avances inéditos para Argentina de lo que significa este megajuicio, y los plazos de la justicia:

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“Lo interesante es haber visto a todos los imputados sentados frente a un tribunal de la democracia. Es lo más representativo que debe quedarnos de la audiencia de hoy: personajes que negaron derechos, que prohibieron un juicio, que siendo jueces y fiscales no garantizaron un sometimiento a un proceso y hoy están siendo juzgados con todas las garantías en proceso legal. La sensación personal es la de participar en un hecho histórico en el cual hay una importante cantidad de imputados que abarcan los principales centros clandestinos de detención representados en el D2, las comisarías, las unidades militares, las penitenciarías y también la Justicia Federal”.

“En los casos de Romano y de Miret, que hasta hace muy poco tiempo eran funcionarios, hay que recordar que estaban a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones que era por donde pasan todas las causas. Ahí se operaban las demoras, los archivos, las dilaciones exageradas: hablamos de más de dos o tres años sin sacar una resolución para poder avanzar. Con el correr de los análisis de las actuaciones entendimos que en definitiva lo que ellos hacían con esa demora era evitar que sus nombres, sus omisiones, su accionar negligente y su participación concreta en ese aparato organizado saliera a la luz. Cosa que no pudieron evitar”.

“Esperamos que empiece lo que técnicamente es el litigio, con planteos que vamos a realizar desde la acusación. Seguramente la defensa tendrá sus planteos, hay defensores particulares, otros muy técnicos. Creo que esta primera etapa llevará un tiempo muy importante”.

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