Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Y SIN EMBARGO SE MUEVE

25 de febrero de 2014 – Por Sebastián Moro para “Edición UNCuyo”

La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.

El abogado Bernando Calderón, indicó que Romano conoce mejor que él la causa.

El abogado Bernando Calderón, indicó que Romano conoce la causa mejor que él.

Tras una semana de iniciado el megajuicio, pudieron finalmente conocerse las esperadas resoluciones que el Tribunal Oral Federal comunicó a las partes, el público y la prensa. Primero se realizó la identificación de los ocho imputados faltantes, con tres de ellos autorizados por sus condiciones de salud a no asistir al debate hasta tanto el TOF 1 pudiera constatar nuevamente sus posibilidades de comparecencia. Ellos son el expolicía Luis Alberto Rodríguez Vásquez, condenado en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza; el exagente de inteligencia del D2 Armando Osvaldo Fernández Miranda, condenado a prisión perpetua en el tercer juicio, y Juan Agustín Oyarzábal, con perpetuas por ambos procesos. A su vez, el expolicía José Antonio Lorenzo se presentó voluntariamente, tras encontrarse en situación de prófugo desde la semana anterior. Alejandro Piña, el presidente del Tribunal, le comunicó que quedaba detenido en virtud de la orden de captura previa. Su lugar de prófugo lo ocupa ahora otro expolicía, Francisco Alberto López Rodríguez, según reconoció el magistrado.

También quedaron aclarados cuatro apartamientos previos al inicio del proceso, en una muestra representativa de la totalidad de los imputados: Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército; el exjuez federal Gabriel Francisco Guzzo y los exmilitares Enrique Gómez Sáa y Roberto Montes Salvarrey. Mientras que los tres últimos quedan apartados por razones de salud, en Menéndez concurren problemas de agenda, ya que rinde cuentas por otros crímenes en otras provincias: los lunes en la Rioja y de martes a jueves en el megajuicio de La Perla, Córdoba.

Los exámenes médicos que el 12 y 13 de febrero realizó a los imputados el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, derivaron además en los apartamientos provisorios de tres expolicías: Alfredo Castro Videla, Timoteo Rosales Amaya y Aldo Patrocinio Bruno Pérez, exjefe del D2, con cadena perpetua. Los dictámenes de las pericias dan cuenta de que, por su avanzadas edades, se encuentran con sus facultades psíquico-físicas deterioradas. Esto afecta la comprensión y el alcance para dimensionar los procesos en su contra y, por tanto, quedan suspendidos y en prisión domiciliaria, con la obligación de sus defensores de remitir análisis médicos mensuales al Tribunal.

De botas y zapatos

“El que avisa no traiciona”. Así se dirigió a los magistrados el abogado Bernardo Calderón, representante particular de Otilio Romano, una vez que concluyó la identificación de los representantes de las partes, causa por causa, con sus respectivos acusados. Se trató de un nuevo ardid dilatorio y de un intento de presión sobre el Tribunal de parte de quien, al final de la primera audiencia, fue el más exultante de los “profesionales” al celebrar la bravata que Romano y sus colegas, con apoyo de sus familiares, efectuaron de manera provocativa al vitorearse como “héroes”. Ayer Calderón apeló a la victimización y la extorsión:

“Cuando asumí el convenio, lo hice con la convicción de que mi representado ejercería su autodefensa, es decir, una defensa compartida. Además, el doctor Romano no puede ser cuestionado en su conocimiento del derecho penal en general y de esta causa en particular. Si el doctor Romano no fuera aceptado en su defensa no puedo asumir, porque él sabe más que yo, mucho más que yo. Y también porque se trata de una cuestión económica: este es un juicio millonario, los gastos son millonarios, los sueldos (no el mío, desgraciadamente) para algunas de las partes son millonarios, y además es una cuestión muy onerosa para nuestros representados”.

La provocación, la agresión directa a los fiscales y representantes de las querellas, y la apelación al tiempo y al dinero por parte de Calderón derivaron en una manifestación por parte de una de las víctimas de la justicia federal durante el terrorismo de Estado, presente en la audiencia. Dora Goldfarb fue jueza y, tras el golpe de Estado, debió exiliarse junto a su esposo, el entonces periodista de diario Los Andes Pedro Tránsito Lucero y sus hijas. Previamente, Lucero permaneció detenido en el Liceo Militar y la Penitenciaría Provincial, mientras que Miret rechazaba sitemáticamente las denuncias que Dora presentaba. Notoriamente afectada, Goldfarb clamó: “Acá está mi hija Gabriela, ella tenía un mes y me la quitaron, ella fue secuestrada y encerrada”. Su padre, quien falleció el pasado fin de semana, aportó un recordado testimonio en el segundo juicio de Mendoza.

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La solicitud de autodefensa de Romano tiene un antecedente muy próximo, aunque de dudosos beneficios para el interesado: el 28 de abril de 2011, en una audiencia especial convocada en Tribunales Federales, a pocos meses de su destitución como juez federal, Luis Francisco Miret, victimizándose y despreciando por completo al proceso judicial, procedió a su propia defensa a pesar de contar con dos defensores oficiales, a quienes no dejó meter bocado. Allí se trataron las apelaciones que los excamaristas presentaron de la Causa “Fiscal contra Guzzo”, que originalmente integra las denuncias sobre el accionar de los funcionarios durante la dictadura.

Durante casi dos horas, Miret apeló a una batería de citas y disparatadas interpretaciones del derecho con el fin de, al menos, dilatar los procesos en contra de él y de sus colegas. Entre adscripciones a la teoría de los dos demonios, menciones a “pecadillos que entonces se pudieran haber cometido” y a “postergaciones, no omisiones, en las investigaciones”, y la reculpabilización de las víctimas, Miret, hablando de sí mismo en tercera persona, dijo entonces:

“Ha llevado a Miret horas de reflexión el establecer por qué hombres de derecho y bien intencionados lo han juzgado con anacronismos. Al quejarse de los magistrados actuantes, no se ponían en su lugar al momento de los hechos, tan distinto del actual. Encuentra Miret una situación irremediable: los que hoy lo juzgan no vivieron como adultos lo que ocurrió en 1975 y 1976. Pudo haber excesos en la represión, pero esos hechos deben ser juzgados en razón del tiempo, circunstancias y lugar en que ocurrieron. Yo soy yo y mis circunstancias, y el yo está tan metido en las circunstancias que lo rodean que esas circunstancias lo limitan. Tanto que esos hechos condicionan, abdicionan, limitan al sujeto. Está preso, tan preso que no es libre del todo. Su libre arbitrio es relativo. Existe la aplicación de una ideología visible en quienes acusan a Romano y Miret utilizando algunos derechos humanos para destacar la violación de esos derechos. La ideologización del discurso de las víctimas de la represión es aceptable aunque no se digan exterroristas subversivos. Todo queda escrito. Para juzgarme, quien quiera ser justo, debe ponerse en mis zapatos”.

Abril del 77: la violencia de las horas

El fiscal Dante Vega realizó la presentación resumida de los hechos por los cuales se encuentra imputado Paulino Enrique Furió, exjefe militar ya condenado por otros delitos de lesa humanidad. Las acusaciones llegaron oralmente, también, respecto de otros imputados presentes en la sala, todos expolicías. Tres de las cuatro causas informadas abarcan lo que se conoce como “Operativo de abril de 1977”, efectuado entre los días 4 y 10 de ese mes por la Fuerza Aérea, la Policía Provincial y el Ejército en distintas localidades del Gran Mendoza. El objetivo era el secuestro de militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros considerados “subversivos residuales”, pues el aparato represor no había podido dar con ellos. El factor común de esta caída grupal fue la persecución previa por motivos políticos. Explicó el fiscal:

“Gisela Tenembaun y Ana María Moral se refugiaron en San Juan con sus respectivas parejas, Alfredo Escamez y Roque Moyano, hasta que estos fueron detectados y secuestrados a fines de 1976. Ambos permanecen desaparecidos. Las mujeres regresaron a Mendoza. Si bien el caso de Moral no es objeto de análisis en esta causa, los hechos que terminan con su homicidio tienen estrecha vinculación con los del resto de los casos. Las víctimas de este grupo venían huyendo de la feroz represión en otros puntos del país, como Miguel Julio Pacheco y Luis César López Muntaner, que provenían de La Plata, y el matrimonio de Jorge Alberto José y María del Carmen Laudani, provenientes de Mar del Plata, quienes tampoco forman parte de este debate pero fueron reseñados en requisitoria. Jorge Albino Pérez, Gloria Fonseca, Elvira Orfila Benítez, Billy Lee Hunt y Juan Manuel Montesino eran buscados por su pertenencia ideológica y vivían en la clandestinidad. Pedro Ulderico Ponce, Emiliano Pérez, Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández, militantes de la Juventud Peronista, también fueron secuestrados y desaparecidos por sus vinculaciones con los primeros. Fueron quince personas ultimadas en un lapso de seis días. Solo un trabajo de inteligencia, reflexión y seguimiento sobre las víctimas explica la dimensión del Operativo”.

Pedro Ulderico Ponce era perseguido desde 1974, sindicado por el entonces fiscal Miret como militante de la JP. Ponce trabajaba en la Biblioteca San Martín y el 4 de abril del 77, entre las 11.30 y las 12.00, solicitó permiso para realizar trámites personales en Obras Sanitarias. En la vereda, con un compañero, fue obligado por un grupo de civiles a subir a un furgón donde había una persona uniformada.

Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández de Gutiérrez estaban casados. Él, de 23 años, trabajaba en Coca-Cola; ella, de 24 años, era maestra. La hija de ambos tenía 5 años. Vivían en la calle doctor Moreno 2266, de Las Heras, donde provisoriamente acogían a Juan Manuel Montesino. Eva fue secuestrada en la vía pública el 9 de abril. A las 9 dejó a su hija con un vecino y salió por una diligencia. A las dos horas, civiles que manifestaron ser policías interrogaron a los vecinos por la niña y por las llaves del departamento. Sumaron más hombres al operativo, que se movilizaban en vehículos que cercaban la cuadra. Despejaron el área. A las 13.30 llegó Manuel. Tres vehículos frenaron y la patota lo apuntó en tanto le quitaban su bolso, y se lo llevaron en un auto. Al menos seis efectivos se quedaron en la casa y sus alrededores, en lo que se conoce como ´ratonera´. La niña permaneció con el vecino Patricio Dardo Castillo hasta que sus abuelos la buscaron.

Montesino, de 26 años, estaba clandestino. En noviembre de 1976, Antonio Bonoso Pérez, su compañero de militancia, había sido secuestrado del último domicilio fijado por Montesino. Este trasladó a su familia a General Alvear, en tanto que él se quedó en la ciudad. En el sur detuvieron a su hija y a su compañera, Hilda Núñez, prisionera en el D2 y en la Penitenciaría, y sometida a Consejo de Guerra. Hacia la medianoche del 9 de abril, Juan Manuel arribó al domicilio de los Gutiérrez. Fue interrogado, golpeado y arrastrado hasta la calle, donde por 70 metros escapó de sus captores hasta la esquina de una farmacia. Allí fue baleado y posteriormente depositado en una camioneta policial.

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Además de Furió y del entonces vicecomodoro y jefe de la Policía de Mendoza, Alcides Paris Francisca, acusados en los tres hechos por privación de la libertad y de homicidio, están señalados por encubrimiento y asociación ilícita tres expolicías. Se trata de responsables que actuaron ese día en la comisaría 16, seccional claramente involucrada en estos hechos y en otros relacionados con el accionar represivo del D2. Juan Carlos Ponce Ochoa, que provenía del D2, era el subcomisario; Héctor Rubén Camargo, el oficial de inteligencia; y Miguel Ángel Ponce Carreras, el conductor del vehículo “Oscar 47”, que registró varias salidas al lugar de los hechos. Es relevante considerar que la 16 está considerada como centro de torturas y detención bajo jurisdicción de la 4.ª Brigada Aérea.

La de la cordobesa Gloria Fonseca y del alvearense Jorge Albino Pérez era una pareja de militantes montoneros que en 1975 escaparon hacia Mendoza por la represión en Córdoba. Tras varios domicilios pasajeros, recalaron en la casa de Emiliano Pérez, tío de Jorge. Tío y sobrino fueron secuestrados el 6 de abril en ese domicilio. En paralelo se produjeron otros operativos, en casa de Albino, el padre de Jorge, y de una vecina de Emiliano. En todos hubo daños y robos, vigilancia previa y participación del Ejército y la Fuerza Aérea. Isabel Guinchul, la esposa de Emiliano, comenzó las denuncias y fue constantemente hostigada por miembros de esas fuerzas, al igual que el resto de la familia Pérez. Gloria Fonseca, que retornaba el 9 de abril de Córdoba, fue interceptada por dos civiles en cuanto arribó a la Terminal y desde entonces se desconoce su paradero.

Semanas antes, Pérez y Fonseca habían concurrido a una fiesta de compromiso junto a una amiga, Elvira Orfila Benítez. El novio era un oficial de Aeronáutica; entre los invitados estaba Armando Olimpo Carelli, agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Las fotos fueron abundantes. Inmediatamente ocurrida la serie de secuestros, el entorno del grupo dirigió sus sospechas a ese momento, donde las víctimas habrían sido detectadas. Benítez, proveniente con su hija desde San Juan, fue secuestrada el 7 de abril de la casa de Julio “El Lobo” Pacheco. Pacheco pertenecía a la Juventud Peronista de La Plata, y junto a su compañero Luis César López Muntaner, y su esposa embarazada, Nora Otín, llegaron a Mendoza escapando de la represión.

El 7 de abril, Pacheco salió de madrugada rumbo a su trabajo en una constructora en Godoy Cruz; desde entonces está desaparecido. Otín regresó a la casa el mediodía. Allí fue sorprendida por un grupo caracterizado que la llevó a un lugar desconocido, donde le gatillaron en varias oportunidades y robaron su sueldo, hasta que horas después fue liberada y decidió escapar hacia General Alvear. Allí supo que su casa había sido saqueada, que Elvira había sido secuestrada y que Victoria, su hija, había sido restituida anónimamente a sus abuelos.

Marta Marcucci también estaba embarazada y vivía con Luis López Muntaner en La Plata hasta que, en diciembre de 1976, Francisco, el hermano de César, fue secuestrado y desaparecido en la conocida “Noche de los lápices”, lo cual determinó sus escapes a nuestra provincia. El 8 de abril fue secuestrado Luis y Marta recaló en Alvear, donde el 13 de abril fue madre, el mismo día que Nora Otín. El cadáver sin identificación de su compañero habría sido remitido el 10 de abril a la morgue judicial junto al de Ana María Moral, tras un operativo en las inmediaciones de la iglesia de Fátima y el hospital del Carmen.

Gisela Tenembaun estudiaba Letras en la UNCUYO y Ana Moral cursaba en la UTN. Dada la persecución a Montoneros, en 1976 huyeron a San Juan, de donde volvieron tras las desapariciones de sus compañeros. Ambas tenían pedido de captura librado en febrero de 1977 por la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Regresaron a la casa de calle Italia, de Godoy Cruz, junto a Juan José Galamba. El 8 de abril, Moral fue ejecutada y Tenembaun, desaparecida. Un expediente de la justicia militar consta que la VIII Brigada hizo una prevención sumaria en la que consta que ese día a las 20.00, en las proximidades de la capilla de Fátima, se ordenó la identificación de dos personas, “un masculino y un femenino que huyeron abriendo fuego contra los efectivos”; que la mujer fue gravemente herida y se ocultó en la iglesia, fue desarmada por el cura párroco y falleció posteriormente; que “el delincuente subversivo primero logró huir pero finalmente fue abatido”. Está probado que el hombre que logró huir no era López Muntaner sino Galamba, quien le narró los hechos a Helga Markstein, mamá de Gisela.

Según esa versión, “Gisela y Ana María salieron de una reunión de Montoneros en Las Heras, a la que llegó la policía y escaparon en direcciones distintas. Moral busca refugio en la capilla donde es señalada en la sacristía. Se presentó un grupo de uniformados de civil y disfrazados como hippies que la condujeron y sentaron en la vereda donde un militar puso un pie sobre su pecho y apuntó a su frente. El impacto de bala en su abdomen no paraba de sangrar y se la llevaron. El 4 de mayo de 1977 fueron inhumados sus restos en el cementerio de Capital y luego entregados a su familia. No hay constancia de quién es el cuerpo del otro NN en la morgue, sólo que no se trata ni de Galamba ni de López Muntaner. Los padres de Gisela, que tenían acordada una cita con ella al día siguiente, se enteraron de la agresión a Ana María por la televisión. No volvieron a ver a su hija.

Billy Lee Hunt nació en Estados Unidos en 1948. A Los cinco años se radicó en Argentina junto a su madre y su hermana Evie. Era estudiante de periodismo, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Periodismo y militante montonero. Tenía dos pedidos de captura y son precisas las pruebas de que se encontraba “fichado”. Los primeros días de abril fue saqueado el departamento donde lo alojaba Rafael Bonino. El día 8 salió del domicilio de su novia María Laura Cremaschi, quien advirtió su ausencia y comunicó a la familia.

María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José también eran oriundos de La Plata y se habían instalado en una casa en San José, donde funcionaba una imprenta de Montoneros. El 10 de abril fueron violentados en un gran operativo con tiroteos, sujetos camuflados, policías, militares y despliegue vehicular. Un oficio del expediente labrado por el Juzgado de Instrucción Militar, revela que, bajo nombres falsos, sus cadáveres fueron remitidos esa noche a la morgue. La necropsia posterior confirmó los hechos: ella fue baleada en la frente; él, en su sien. La prueba del guantelete que determina el uso de pólvora resultó negativa para ambas víctimas. Sus restos finalmente fueron inhumados y recuperados por las familias. De esta manera, Furió acumula acusaciones por 10 privaciones ilegítimas de la libertad, ocho homicidios, una aplicación de tormentos y dos robos, todos delitos agravados.

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