CRIMENES DE LESA HUMANIDAD: La colección de horrores del fiscal Romano

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD: La colección de horrores del fiscal Romano

Resultaron graves, sofocantes, dolorosas las audiencias del 14 y 15 de abril en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad. Casi la totalidad de la docena de horas netas que se prolongó el debate, discurrió en la lectura de la declaración indagatoria dada en 2010 por el exjuez federal Otilio Roque Romano. Disparatados argumentos jurídicos e injustificables exculpaciones en cuanto a las investigaciones que correspondía realizar durante la dictadura, atiborraron los 97 casos de violaciones a los derechos humanos por los cuales está acusado. Contradicciones, autovictimización y recriminalización hacia quienes fueron sus víctimas dominaron el tenor de su declaración.

“No podíamos citar a un solo policía o soldado porque se encontraban bajo jurisdicción militar. De lo único que se me puede acusar es de no investigar…”, retumbó contundente en Tribunales Federales la autoincriminación del exjuez Romano al referirse, a través de la secretaria del TOF N.º 1, Natalia Suárez, a uno de los casos de desaparición de personas por los cuales está imputado. Una ventana semiabierta en la sala, con el paso del aire fresco de mediados de abril, permitió a los y las asistentes a las audiencias respirar el ahogo continuo que causó el relato del horror según Romano.

Así, se pudo escuchar que “los secuestros eran de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”; que “las denuncias desaparecían en las seccionales”; que “¿qué podría haber hecho? ¿Investigar a los 80 agentes de la Policía Federal, a los cientos de policías provinciales?”; que además esos operativos de secuestros “podrían haber sido hechos por delincuentes comunes”; que “cuando no hay cuerpos o indicios claros de los destinos no se puede hablar de delitos de lesa humanidad”. También desmereció a testigos y víctimas hasta la injuria, sin el menor respeto por la memoria de vivos y muertos.

Habló de “errores judiciales” en el caso de la apropiación de Celia Rebeca Terrera, cuyos padres fueron desaparecidos y cuya investigación archivó el mismo Romano, entonces fiscal. “No supe relacionar un expediente con otro, no advertí la presencia de la menor en el expediente. Ni los doctores Mestre Brizuela, ni Miret ni yo teníamos ningún interés en beneficiar a los apropiadores”. Respecto a las torturas, de las cuales fueron testigos todos los jueces por el reconocimiento del cuerpo de la/s víctimas que asistían al Juzgado Federal ubicado en calle Las Heras, dijo que “les explicábamos a los imputados que denunciar los apremios agravaba sus situaciones”.

El uso del “nosotros” no fue casual ni inocente; más aun, fue ampliamente reiterado en la exposición de Romano. Con él se escuda, e intenta escudar a los demás exmagistrados acusados, tras un sentido de pertenencia que permita continuar con el pacto de impunidad. Tampoco dejó de incurrir en loas y elogios para sus colegas, sobre todo para “los doctores Miret, con quien tenía mayor entendimiento en la discordancia, y Guzzo”. Dijo con respecto a la represión y el funcionamiento judicial: “En Mendoza había entendimiento tácito entre la Cámara y el doctor Guzzo, persona correctísima, independiente e impenetrable, porque sabíamos lo delicado de la función, que ninguno de nosotros debíamos tomar una actitud de vedetismo, de pedir penas exageradas o de no compartir la opinión del otro. Esto jamás se habló porque no se hablaban las cosas, pero fue un principio de respeto y solidaridad que teníamos todos los integrantes del Poder Judicial. Por ejemplo, yo, como fiscal, jamás recibí a un querellante porque era un funcionario objetivo que siempre defendía el interés público”.

“Recibíamos con fineza y educación a todos los imputados, Miret era una persona de trato exquisito”, agregó cínicamente en otro tramo Romano, para quien los centros clandestinos de detención, tortura y muerte eran “lugares adaptados” y las personas secuestradas eran “príncipes del proceso”. “Nosotros… y me refiero a todo el juzgado”, dijo en otro tramo y resultó más comprometedor. Las alusiones “a dos bandos en pugna, con la justicia en medio y el actual intento de difamar a personas que formaron parte de una contienda” fueron recurrentes. Así, “el terrorismo no sólo costó la vida de personas de los dos bandos, sino que también murió gente inocente”. Romano se refirió a “la lucha armada y sucia” y “la lucha contra la subversión” recurriendo a fuentes tan poco sustentables y de claro lineamiento ideológico como las de Ceferino Reato o Joaquín Morales Solá, incluso investigado por instigar a esa lucha durante 1975, en el monte tucumano, en el marco de lo que se conoce como Operativo Independencia.

El peligro de ser o no ser un expediente judicial

Pedro Ulderico Ponce era empleado del Ministerio de Cultura y Educación, y trabajaba en la Biblioteca San Martín. Hacia el mediodía del 4 de abril de 1977 pidió permiso para retirarse antes a realizar unos trámites en Obras Sanitarias. Según testigos, Pedro salió muy apurado y, al saludar a un compañero de estudios en la vereda de la Biblioteca, un grupo de personas vestidas de civil que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal lo obligaron a subir a un furgón para partir con rumbo desconocido. Desde entonces permanece desaparecido. Además de Romano, también están acusados por el homicidio agravado de Ponce su colega Guillermo Petra Recabarren y el exjefe de Inteligencia del Ejército, hoy condenado a perpetua en anteriores juicios, Paulino Enrique Furió. La víctima es una de entre la quincena de personas desaparecidas ligadas a Montoneros, que fueron perseguidas hasta sus secuestros en lo que se conoce como “La caída de abril de 1977” y por la cual se busca justicia en el megajuicio.

Según se desprende del resumen de la causa, que hace unas semanas hiciera el fiscal Dante Vega, familiares de Ponce radicaron denuncias en las comisarías 7.° y 27.°, “sin embargo, no existe constancia en los registros respectivos. Asimismo, se intentaron sucesivamente recursos de habeas corpus ante la Justicia Federal con resultado negativo y se realizaron diversas gestiones ante otros organismos sin poder dar con su paradero. Se concluye que ya en 1974 Ponce era perseguido por las fuerzas de seguridad. En efecto, conforme surge de los autos “Fiscal c/Petrizani, y otros”, fue sindicado como militante de la Juventud Peronista; incluso en ese expediente el por entonces fiscal federal Luis Miret solicitó su detención, como también las de Oscar Santander, Rubén Antonio García, Guillermo Benito Martínez Agüero y Roberto Sánchez, que fueron proveídas y ordenadas por el entonces juez federal Oscar Ignacio Agüero”. Agüero, según el mismo Romano, fue su mentor y quien le abrió las puertas del Poder Judicial. El acusado incluso se jactó de que lo llamaba “Roquito”.

Lo que al respecto declaró Romano en 2010 no solo lo autoincrimina, sino que además implica a sus colegas y da la cabal dimensión del colaboracionismo directo con las fuerzas de la represión. Señaló el acusado: “Pesa sobre mi conciencia el no haber actuado como debería actuar, obviamente sin saberlo. Y con eso contribuí quizás a su posterior desaparición y muerte. Un día me llama Parellada, que estuvo poco tiempo como secretario civil, y me dice que hay un tipo que quería hablar conmigo. Fui al despacho de Parellada y me encontré con Ponce, era un flaco alto. Entonces yo, en lugar de llamar a la Policía y hacerlo detener porque tenía orden de captura, lo escuché. Resulta que este muchacho, joven como yo, me cuenta que en el Partido Peronista le habían conseguido un trabajo público y que un conocido abogado laboralista le había hecho firmar una fianza en una casa donde después se descubrieron armas o algo prohibido. Me pareció increíble la versión”.

“El problema de esa época no era que desaparecieran, porque eso no lo sabíamos, sino que los ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y luego para pasarlos les sacaban años, hasta que se aclara la situación procesal. Muchos sobreseídos nuestros continuaban a disposición del PEN por años. Entonces, el peligro que él corría no era de expediente judicial, porque la explicación que me había dado era razonable. Me dijo que tenía una hija chica y me mostró su preocupación sincera acerca del hecho de verla, o no, mientras permanecía detenido. A mí me convenció y me dio lástima lo de su hija chiquita, quizás porque yo también tenía una. Por eso no pude separar el sentimiento en el cumplimiento de mis funciones, por esos sentimientos tan caros a los padres. Entonces en lugar de hacerlo detener, con lo cual defraudaba la confianza que me había dado Parellada, lo dejé ir con la promesa de que él iba a arreglar sus asuntos y a comportarse. Ahí no le creí tanto. Lo cierto es que me olvidé del tema hasta que aparecieron los habeas corpus. Yo supuse que se había fugado o, como comprometía a un alto dirigente peronista y a otros que lo rodeaban, podrían haberlo hecho escapar. Este episodio demuestra que yo no era cómplice de los militares, que teníamos comprensión por todas estas cosas, que nos parecía irracional ponerlos a disposición del PEN. En este habeas corpus yo le digo al juez que está pedido, que lo traigan, que si lo tienen lo pongan a disposición del juzgado. Si yo hubiera sabido que estaba muerto no habría pedido que lo pusieran a disposición del juzgado”.

Existe además un tercer habeas corpus en el cual el denunciante indica que la denuncia ha sido presentada en todas partes y que nadie sabe dónde está Ponce. La confesión de Romano es elocuente: revela de qué manera, en el ámbito de la actuación de los funcionarios federales, se dejó en total desamparo a una persona que estaba marcada por la inteligencia, los grupos de tareas y la anuencia de la Justicia Federal: “La denuncia llega a la oficina, donde es rechazada con la firma de la Secretaría, y luego a la Cámara, donde es confirmado el rechazo por parte de los doctores Jorge Sarmiento García y Luis Miret”, además del propio Romano. Según él, “se cumplió las funciones con lo que se tenía y con lo que se podía. Y todo de buena fe, dentro de lo que se conocía. Y con dictámenes sustentados en doctrinas existentes. Y se procedía de acuerdo a ellas. Y sobre todo se procedía con humanidad. Esta humanidad me hizo violar mis funciones y dejarlo ir. Así, contrariamente a beneficiarlo, sin darme cuenta lo perjudiqué. Ahora, seguramente estaría Pedro Ulderico Ponce sentado con el grupo que se junta ahí, tirándome piedras, en nombre de los derechos humanos”.

La burla explícita de Romano, su nueva humillación hacia el dolor de quienes sostienen la memoria de las compañeras y los compañeros desaparecidos, no hace mella en la lucha inclaudicable de décadas. Muy por el contrario, las indagatorias a los exjueces revelan entramados entre ellos y las cúpulas policiales y militares, además de exponer conductas inconfesables. Así, por ejemplo, en la audiencia del 14 de abril, la lectura sobre Romano indicó que “al doctor Miret se le va la vena seguido”, en relación a un ciudadano chileno detenido antes del golpe y al cual Miret quería entregar sin dilaciones a la justicia militar.

El Complejo, un lugar común

Antes de concluir la audiencia, la abogada Andrea Duranti, defensora pública, informó que tanto los expolicías Luis Rodríguez Vásquez, Juan Agustín Oyarzábal, Armando Osvaldo Fernández, Ricardo Benjamín Miranda y Alsides* Paris Francisca; como los exmilitares Dardo Migno y Pablo Tradi, todos detenidos bajo regímenes domiciliarios por motivos de salud en otros puntos de la provincia y del país, se abstendrán de declarar. De esta manera, con la anuencia del Tribunal y del Ministerio Público, esas indagatorias fueron incorporadas con omisión de lectura. A su vez, el Tribunal informó que en días recientes se habían determinado los estados de salud de los nombrados y que se los había puesto en conocimiento de los hechos y sus acusaciones. Además se les entregaron a los acusados y sus representantes, las copias en dvd de las audiencias desarrolladas y la copia del requerimiento de elevación a juicio.

De esta manera se esperan para el 22 de abril, previamente a la etapa testimonial, las declaraciones de los tres acusados que prestarán declaración oral y pública. Se trata de Miret y de los expolicías José Lorenzo Constantino y Rubén Darío González, acusado como autor directo del delito de violación sistemática. Del exjuez no se espera otra cosa que una estrategia dilatoria, agresiva y estigmatizante, de la misma manera que lo reflejó en las dos jornadas la indagatoria de Otilio Romano.

Los ataques de Romano durante su indagatoria fueron sistemáticos, exprimidos al máximo ante cada “caso” en el que intentaba defenderse, y portadores de una ideología y una personalidad marcadamente fascista, antidemocrática y propagadora de odio. No ahorró descalificaciones políticas y sociales tanto acerca de la dictadura como del presente momento democrático y, en su estrategia de victimizarse, recurrió a la bajeza de considerarse perseguido político. Sus insultantes dardos de odio fueron contra sus víctimas directas y la memoria de los desaparecidos en general; contra las Madres y los Hijos; contra los Organismos de Derechos Humanos; contra el hoy juez supremo y exfiscal Omar Palermo, mayor impulsor en Mendoza de estos juicios; contra las políticas de memoria y de inclusión del gobierno nacional; contra toda idea de una justicia y de un Estado, democráticos, soberanos y bajo plena vigencia de los derechos humanos.

Se puede decir que para Romano el Ejército mandaba, la Policía actuaba y el Poder Judicial “funcionaba como podía, limitado y en el desconocimiento”. Las contradicciones son flagrantes. Por un lado dice que los jueces “no sabíamos en lo que la policía nos estaba metiendo”, que “la mayoría de las detenciones ilegales y sus tramitaciones jurídicas fueron previas al golpe”, que “se vivía un clima de terror e inseguridad”; y por el otro lado asegura que “no había por qué dudar de que los informes policiales sobre secuestros y asesinatos fueran falsos”. También elogió como “intachable” a la feroz Policía de Santuccione, a la par que delató el conocimiento sobre sus actuaciones: “los muertos que aparecían en Papagayos no eran perseguidos por cuestiones políticas”.

Sorprende advertir, en el contexto de este histórico juicio, la particular alianza de clases que ha surgido entre los exjueces y los expolicías, quienes son los subsidiarios de la estrategia dilatoria de las defensas de Romano, Miret, Carrizo y Petra. La articulación y la afinidad también se nota entre los círculos de allegados que rodean a los respectivos responsables. Sorprende porque la indagatoria de Romano deja claramente expuesto que deslinda toda responsabilidad sobre los delitos cometidos en las espaldas de quienes integraron la Policía de Mendoza y la Policía Federal.

Sin embargo, su alusión política a que “la Policía de hoy no es la misma de antes, cuando podíamos dormir con las puertas abiertas, a diferencia del indiscutido nivel de criminalidad que hay en esta época”, revela el trasfondo ideológico que los reúne, la preponderancia de la institución “justicia” por sobre la institución “policía” y, afortunadamente hoy, un lugar común: atrás del portón del pabellón de lesa humanidad para detenidos y otros condenados en el Complejo Penitenciario San Felipe, en la provincia de Mendoza.

19 de abril de 2014 – Por Sebastián Moro para “Edición UNCuyo” (En “Equipo Nizkor”).

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