“Si no fueran tan temibles
nos darían risa.
Si no fueran tan dañinos
nos darían lástima”.
Joan Manuel Serrat, Los macarras de la moral.
21 de abril de 2017 – En Tribunales Federales concluyó este 20 de abril la etapa introductoria con la lectura de la elevación a juicio de las doce causas agrupadas y de las imputaciones por delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, ejecuciones extra sumariales y desapariciones forzadas, entre otros. La nota de la jornada la dio el abogado particular Alberto Aguinaga, que representa al ex agente clave del Cuerpo de Infantería Carlos Rico Tejeiro, acusado por los alevosos hechos contra más de una decena de jóvenes militantes semanas previas al golpe del 24 de marzo de 1976 en lo que se conoce como “Operativo Rabanal”. En cuanto el presidente del tribunal Alejandro Waldo Piña declaró formalmente la apertura del debate, Aguinaga pidió que el fiscal general Dante Vega sea recusado y que la resolución de los magistrados al respecto sea antes de que comience la etapa testimonial y no previamente a la eventual sentencia, como ha sucedido con otros planteos en juicios anteriores.
Con nulos fundamentos técnicos, el defensor apeló a “una ligereza” que Vega habría deslizado en la instrucción del juicio al decir que “ser querellante es igual que ser fiscal”, supuestamente perdiendo de esta manera “imparcialidad y objetividad”. Pero lo más insostenible fue el ataque demonizante -en línea con los sectores de poder dominante hoy en el gobierno y en la corporación judicial- por el cual, para pedir la recusación, hizo de la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, y de Justicia Legítima, la asociación de letrados y especialistas que en los últimos años impulsa debates y la posibilidad de cambios en la justicia a nivel nacional con una perspectiva más próxima a la de un verdadero Estado de Derecho, y a la cual Vega integra.
El pleistoceno se actualiza los días domingo
Las difusas alusiones a publicaciones periodísticas editoriales de los matutinos “La Nación” y “Los Andes” -caracterizadas por su extorsivos planteos de hoja de ruta acerca de lo que los gobiernos deben hacer para sostener “la pacificación del país” y por sus panegíricos acerca de una “memoria completa” basada en la teoría de los dos demonios y contraria al proceso de memoria, verdad y juzgamiento de los responsables del genocidio durante el terrorismo de Estado- llevaron a Aguinaga a señalar que Justicia Legítima “es una secta partidaria de pupilos y militantes kirchneristas que persiguen la venganza y una usurpación facciosa de la justicia argentina degradando a quienes no son parte”.
Luego, el razonamiento del defensor terminó por volatilizarse del todo al cuestionar etimológicamente a la asociación -“si ellos son lo legítimo quiere decir que el resto somos lo ilegítimo”, arguyó-; al pedir “una manera de destituir a Gils Carbó así sea por decreto como dice la doctora (Elisa) Carrió”; y al cuestionar que Vega se haya reunido con ella en diferentes oportunidades, algo más que evidente, lógico y para nada secreto si se tiene en cuenta que se trata de la jefa de todos los fiscales federales del país. Por idénticos “motivos” criticó al ex fiscal Omar Palermo, que actualmente compone la Suprema Corte Provincial. Sin embargo soslayó -sin que se le mueva un solo pelo de primate- que tanto el juez José Valerio como el procurador provincial Alejandro Gullé fueron ostensible y arbitrariamente puestos a dedo por el gobernador Alfredo Cornejo a fin de que avalen todos los atropellos direccionados por su gestión, como es en el caso, por ejemplo, del llamado ítem aula. El desliz final -nunca advertido por el propio Aguinaga- fue pedir la recusación de otro de los fiscales del equipo de Vega -Daniel Rodríguez Infante-, erróneamente mencionado como “un tal Ortiz”.
Entre el ridículo, lo gagá y la estigmatización ideológica propia de un dinosaurio del siglo de las máquinas, Aguinaga no dejó de sorprender con su discurso antipolítico y contrapartidario, pese a sus recurrentes menciones a Macri y a las exhortaciones para que el Ejecutivo ponga orden ante lo que el defensor del exterminio y de la impunidad considera una afrenta. Ni más ni menos que él, Aguinaga, parte de un clan que desde su histórica adscripción al Partido Demócrata -órgano colaboracionista de la última dictadura cívico militar que jamás realizó el menor mea culpa acerca de su complicidad, y que hoy se encuentra licuado en el PRO de Cambiemos- ha protegido, encubierto y estimulado las concepciones y acciones más autoritarias y antidemocráticas de nuestra sociedad, integrando -sea como funcionarios o asesores- varios gobiernos provinciales desde 1983, incluyendo el de Celso Jaque, que catapultó nuevamente a la escena pública a un represor como Rico, su defendido de hoy, y propició el espionaje por parte del Estado de decenas de referentes sociales y de derechos humanos de Mendoza bajo la excusa del “combate a la inseguridad”.
Ahora resta que el próximo jueves el tribunal decida la admisibilidad o no del planteo y que defina en consecuencia.
Audiencia del 20 de abril de 2017. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.
Por Sebastián Moro
